Las estremecedoras escenas corresponden a la investigación que se desarrolla en Jujuy, en torno al presunto asesino serial de Alto Comedero.

De acuerdo con la reconstrucción elaborada por los investigadores y los diversos testimonios recolectados, el accionar de Matías Jurado respondería a un patrón sistemático que encendió las alertas de las autoridades, sugiriendo la presencia de un asesino serial.

Según esa línea investigativa, Jurado habría elegido los días viernes para acercarse a sectores frecuentados por personas en situación de calle. En esos encuentros, les ofrecía trabajos ocasionales —como changas en la terminal de ómnibus— o bebidas alcohólicas, logrando persuadir a sus víctimas para que lo acompañaran hasta su vivienda, ubicada en el barrio Alto Comedero.

Una vez en el domicilio, el joven de 16 años que convivía con él, y que resultó ser su sobrino, solía retirarse. En ese contexto, las víctimas quedaban a solas con Jurado, y según las sospechas de la fiscalía, eran sometidas y posteriormente descuartizadas. Algunos restos eran enterrados en el fondo de la vivienda, otros incinerados para dificultar su identificación, y parte de ellos desechados en bolsas de consorcio en basurales de la zona.

Durante el allanamiento, los peritos hallaron elementos clave que reforzaron esta hipótesis: palas, carretillas, ollas, bolsas plásticas y zonas del suelo recientemente removidas.

El fiscal general, Sergio Lello Sánchez, indicó que la causa se inició formalmente el miércoles, luego de que el análisis de cámaras de seguridad permitiera identificar a un sujeto relacionado con una de las personas desaparecidas. “Tenemos indicios firmes, aunque aún resta acreditar algunas pruebas”, sostuvo.

Gracias a esa identificación, se allanó el domicilio del acusado, donde fue detenido junto a su sobrino, quien permanece bajo contención y acompañamiento por parte de la Secretaría de Niñez.

Este jueves 31 de julio, los abogados Héctor Moisés y Rosa Bertoni brindaron una conferencia de prensa  con el objetivo de informar a la comunidad acerca de las actuaciones sobre la causa de usurpación de tierras privadas en el autodenominado Barrio Obrero (al lado de finca Campo Verde), ubicadas en el barrio Bajo La Viña de la capital jujeña, donde actualmente viven más de 4.000 familias que ocuparon ilegalmente 142 hectáreas pertenecientes a la familia Issa.

La conferencia fue directamente al tema central, dónde se responsabilizó al estado provincial en el gobierno de Eduardo Fellner, dónde en la crisis habitacional, algunos aprovecharon para adueñarse de tierras con dueños, y pese al fallo de la justicia, señalan los abogados, que hasta el Ministro de Gobierno de aquel momento, Alberto Matuk, no hizo caso al fallo de la justicia, lo que dejó desamparado a una familia que sigue siendo legalmente dueña de sus hectáreas.

En un parte de prensa, indicaron que la toma de tierras se inició en el año 1997 con un grupo pequeño de personas que, con el paso de los años se fue incrementando considerablemente. Estas usurpaciones representaron un daño no solamente económico para la familia Issa, que a lo largo de estos 28 años se vio imposibilitada de disponer de las tierras de su propiedad; sino que también representa un daño ambiental para la comunidad jujeña ya que estas familias arrasaron con vastas áreas verdes deforestando el lugar para poder instalarse.

La familia Issa ha iniciado juicio ordinario por indemnización de daños y perjuicios contra el Estado Provincial (Expte. C-172.562/2021), a través del cual se reclama una indemnización integral por daños y perjuicios materiales y morales. La Justicia falló a favor de la familia Issa en el año 2015, pero el entonces Ministro de Gobierno y Justicia, Alberto Matuk, desoyó el fallo judicial de proceder con un desalojo. Luego de eso, se incrementó la cantidad de personas que ocuparon el lugar, instigados por dirigentes sindicales y políticos.

En la conferencia, remarcaron que no buscan desalojos, sino que se les pague por las tierras tomadas. Indicaron que en la actualidad se cree que es imposible realizar un desalojo de las familias instaladas allí, además de que el daño urbanístico y ambiental es irrecuperable. Lo que busca la familia afectada no es el desalojo de los ocupantes, sino un resarcimiento por parte del Estado provincial que en numerosas ocasiones hizo oídos sordos a este pedido.

Los abogados Moisés y Bertoni, representantes de la familia Issa, bridaron detalles de este proceso.

La fábrica de pastas Aranda volvió a sorprender a los vecinos de Alto Comedero con una nueva propuesta gastronómica. Esta vez, la cita fue en la fiambrería El Gringuito, ubicada en la intersección de Snopek y Valle Grande, donde durante dos horas se vivió una jornada especial de degustación abierta al público.

El evento estuvo acompañado por un destacado chef, quien preparó en vivo deliciosos ñoquis y ravioles, permitiendo que los vecinos no solo disfruten de los sabores, sino también de un momento de encuentro y calidez comunitaria. La actividad fue recibida con entusiasmo por los presentes, quienes aprovecharon para conocer más de cerca la calidad y trayectoria de la fábrica Aranda.

El propietario de El Gringuito expresó su satisfacción por el evento y destacó que trabaja desde hace años con los productos de la fábrica Aranda, los cuales —según relató— tienen una alta demanda entre sus clientes. Por su parte, representantes de la distribuidora Tiraxi, encargada de hacer llegar estos productos al interior de Jujuy y Salta, también remarcaron la creciente aceptación de la marca en la región.

La jornada concluyó entre risas, aplausos y agradecimientos, dejando en el aire la expectativa de una próxima edición. Sin dudas, la fábrica de pastas Aranda continúa consolidándose como una marca cercana a la gente, que apuesta al contacto directo con sus consumidores y al fortalecimiento de la gastronomía local.

¿Dónde será la próxima degustación? esa fue una de las incógnitas en las redes sociales, debido a que los ciudadanos ahora quieren ser parte de estas degustaciones y empezaron a pedir que vayan a sus barrios.