La diputada provincial Mariela Ferreyra repudió los hechos acaecidos el último domingo en un local bailable de la zona sur de esta capital, que arrojó como saldo varios adolescentes heridos producto del accionar inescrupuloso del dueño del local y de la desproporcionada acción policial. Por la gravedad de los hechos, la legisladora de Unidad Por Jujuy solicitó la renuncia del Ministro de Seguridad, cuestionó al propietario del boliche y anticipó que presentará en la Legislatura un pedido para que las autoridades competentes en el tema informen sobre lo sucedido.
La represión de los hombres de la fuerza de seguridad en las inmediaciones del establecimiento en cuestión no solo causó pánico entre los menores de edad, sino que provocó numerosas personas con heridas de distinta consideración. En el interior también se reportaron incidentes y cuadros de asfixia por el gas pimienta arrojado por la seguridad privada.
“Lo que pasó en el boliche Zaigua, en un matiné, pudo haber terminado en tragedia. La Justicia tendrá que investigar y llegar al fondo de la cuestión, porque este hecho no puede quedar impune. Son muchos los padres que vivieron momentos de tensión, incertidumbre y angustia. Varios chicos de entre 13 y 18 años terminaron hospitalizados, otros demorados en la comisaría y, por el caos, algunos extraviados por unas horas hasta reencontrarse con sus progenitores”.
Ante ello y de acuerdo a los testimonios que se fueron conociendo con el correr de las horas, la legisladora exigió a la Justicia que esclarezca a la brevedad lo sucedido, solicitó la renuncia del Ministro de Seguridad de la provincia, Luis Martín, pidió al municipio capitalino que de cuentas de la situación del establecimiento nocturno frente a las normas que rigen el funcionamiento de estos locales, y adelantó que presentará en la Legislatura jujeña un proyecto de pedido de informes respecto a lo acontecido dirigido a las autoridades competentes en la materia.
De acuerdo a los medios de comunicación y a los posteos particulares aparecidos en redes sociales, todo comenzó con la sobreventa de entradas y el colapso de la capacidad del boliche. Los preadolescentes y adolescentes que aguardaban en las afueras para ingresar fueron dispersados por un grupo de uniformados de Infantería de mala manera y ello habría ocasionado la reacción de los menores, quienes como respuesta recibieron golpes y fueron blanco de las balas de goma.
Conforme a los testimonios, en el interior del local también ocurrieron hechos de violencia producidos por el personal de seguridad privada que intentó apaciguar los ánimos de los jóvenes arrojando gas pimienta de manera indiscriminada, lo que desató escenas de dramatismo y la descompostura de varios menores. A esa altura, la situación se había tornado incontrolable y desconcertante.
Por lo mismo, la diputada Ferreyra cuestionó duramente al propietario del boliche, Emilio Cayo, un ex dirigente social y actualmente dirigente político ligado al gobierno provincial y empresario de la noche, por violar la capacidad del local al vender más entradas de lo permitido. “Este accionar inescrupuloso del propietario del boliche puso en riesgo la vida de muchos chicos. Podría haber ocurrido una tragedia de la magnitud del tristemente célebre Cromañón”.
“Esto no puede quedar impune. Es una cadena de responsabilidades que empieza por el dueño del local, continúa con la municipalidad de la capital por la falta de control y con la Policía por actuar haciendo uso excesivo de la fuerza, y finaliza con quien que tiene a su cargo la cartera de Seguridad de la provincia, el ministro Luis Martín”.
“La policía no puede actuar de manera desmedida y arremeter contra la gente como lo hizo, sobre todo tratándose de menores de edad. Fue una represión inexplicable que casi provoca una verdadera tragedia. Por ello, repudio el accionar de la fuerza de seguridad y la actitud desaprensiva del dueño del local de vender entradas sin respetar la capacidad autorizada”, finalizó.