Los concejales de San Salvador de Jujuy que respaldaron la implementación de la tasa vial propuesta por el ejecutivo municipal de la capital jujeña, que implica un cargo del 1.8% sobre el precio del litro de combustible, equivalente a 20 pesos por litro, han generado un intenso debate en la comunidad. Su comparación del incremento con el costo de una botella de 2.5 litros de Coca-Cola ha avivado las críticas y las discusiones sobre la justificación y el impacto de esta medida.

En su defensa, los ediles han argumentado que los fondos recaudados se destinarán a obras públicas de vital importancia para la ciudad. Han señalado que esta decisión se ha tomado en respuesta a la falta de apoyo y recursos por parte del gobierno nacional, una postura que ha generado polémica y división entre los sectores políticos y la población en general.

Sin embargo, algunas voces críticas han señalado que esta medida no aborda la raíz del problema, que es la falta de avances significativos en obras públicas a lo largo de los años. Se ha cuestionado la gestión del intendente, que se encuentra en su quinto mandato municipal, lo que equivale a cinco gestiones sin lograr satisfacer las demandas y necesidades de los ciudadanos en términos de infraestructura y servicios públicos.

La falta de autocrítica por parte de los concejales y la ausencia de reconocimiento de las deficiencias en la gestión municipal han sido objeto de críticas adicionales. Algunos argumentan que es necesario un enfoque más integral y transparente en la planificación y ejecución de obras públicas, así como una mayor rendición de cuentas por parte de las autoridades locales.

En este contexto, la comunidad de San Salvador de Jujuy se encuentra dividida entre aquellos que respaldan la tasa vial como una medida necesaria para impulsar el desarrollo urbano y quienes la ven como un impuesto adicional sin garantías claras de beneficios tangibles para la ciudadanía. El debate continúa mientras los vecinos esperan respuestas y resultados concretos en términos de mejoras en la calidad de vida y la infraestructura urbana.

Esto fue aprobado por 10 de los 12 concejales capitalinos. Entre los que levantaron la mano, se encuentran, radicales, pj y otros, excepto la izquierda.