En su investigación preliminar el fiscalMarijuan, los acusa de “la realización de presuntas maniobras ilícitas que podrían encontrar adecuación típica en el delito de defraudación contra la Administración Pública” también acusa a los funcionarios públicos nacionales y provinciales que ” sus acciones u omisiones han permitido o facilitado la comisión de estos fraudes contra el Estado Nacional, conductas que, en principio, encuadrarían en el delito de violación de los deberes de funcionario público”.

El titular de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social, ya envió su investigación preliminar a los fiscales federales de turno de esas diez provincias y solicitó la “suspensión y/o baja de planes sociales”, en el marco de la investigación preliminar que instruye caratulada como “Caso Coirón Nro. 234746/2023″

El listado involucra a las siguientes provincias y beneficiarios que, a la vez, son empleados públicos: Tucumán con 1.145 empleados provinciales que cobran el Potenciar Trabajo; La Rioja 1.060 -divididos en 303 de planta permanente y 757 contratados-; Jujuy 652; Corrientes 518; Salta 434; Río Negro 198; Córdoba 194; Formosa 180; y Santa Cruz 128.

El monto no es despreciable. Uno de los ejemplos tomados por la fiscalía federal fue la provincia de Jujuy, que con sus 652 incompatibilidades el gobierno de Alberto Fernández “destinaba en este caso, tal como se pone en evidencia en la descripción de los hechos, los beneficiarios involucrados ocultaron su condición de empleados del Gobierno de la Provincia de Jujuy, ya sea al momento de la solicitud del plan o durante la vigencia del mismo, a fin de acceder o mantener indebidamente el cobro del Programa Potenciar Trabajo”, describe la fiscalía y resalta que: “A través de la maniobra desplegada se provocó un error en el entonces Ministerio de Desarrollo Social de la Nación que, creyendo que se encontraban cumplidos los requisitos exigidos por la normativa, otorgó los beneficios solicitados o mantuvo la vigencia de los ya vigentes, generándose así un desprendimiento de fondos indebido que asciende a la suma aproximada de $50.800.000 mensuales”. Esto es $609.600.000 anuales.

Fuente: infobae