Aquel conflicto forma parte del contexto de los hechos objeto de la investigación por fraude a la Administración Pública en la construcción de la escuela, que -de acuerdo con la hipótesis criminal- los/as funcionarios/as imputados ejecutaron a sabiendas de que la obra se erigía en un lugar no adecuado, en base a la inserción de datos falsos en la documentación oficial y sin tomar las previsiones necesarias para la protección del patrimonio cultural.

En efecto, el 2 de noviembre de 2022 la Dirección de Vialidad provincial irrumpió sin previo aviso en la cancha de fútbol del pueblo, asentada en la finca “Los Pozuelos”.

El expediente administrativo

De acuerdo con la exposición de la fiscal Orsetti al formalizar las imputaciones, los hechos del caso tuvieron lugar en el marco del expediente administrativo NF-1059/2022 que tramitó en la Secretaría de Infraestructura Educativa del Ministerio de Educación provincial, que precedieron a la construcción del establecimiento.

La fiscal explicó que aquellas “maniobras”, tal el término empleado en la acusación, se iniciaron en febrero de 2022 y se prolongaron hasta el 18 de octubre de ese año, dos semanas antes de la irrupción en el predio, cuando se firmó el contrato de locación de obra con la empresa prestataria, Urbania SRL.

La fiscal señaló que el 25 de febrero de aquél año Torrejón, como director de Proyectos, envió a la secretaria de Infraestructura Educativa, Martínez Fascio, una nota de un renglón por la que se ponía en marcha el plan de obras.

“Si el documento público de Plan de Manejo Ambiental no hubiese sido confeccionado a partir de declaraciones falsas, estas erogaciones de dinero dispuestas por el Estado nacional en favor del Estado provincial no hubiesen tenido lugar”, sostuvo la fiscal Orsetti.

De acuerdo con la fiscalía, el “Plan de Manejo Ambiental” adjuntado a esa nota es el “foco del caso”, pues a partir de esa documentación el gobierno local sustanció la licitación pública.

Orsetti marcó que en ese documento se insertaron declaraciones falsas, “fácilmente advertibles a través de contradicciones internas burdas reflejadas en el propio documento”, de lo cual imputó al arquitecto Torrejón. Al resto de los/as funcionarios/as provinciales les imputó, además de la defraudación al Estado por la que también imputo al director de Proyectos, el uso de esos documentos públicos falsos, “a sabiendas de ello”.

En tanto, el excomisionado municipal, Natividad Apaza, fue imputado de incumplimiento de los deberes a su cargo, en calidad de autor, al no haber cumplido con la ley provincial de patrimonio cultural y natural de la provincia de Jujuy, que prevé que entre sus obligaciones está la de llamar a consulta popular frente a decisiones que afecten el patrimonio cultural y que le dé intervención a la máxima autoridad de cultura dependiente del Poder de Ejecutivo provincial. También fue imputado de la defraudación a la administración pública, en grado de partícipe necesario.

De acuerdo con la fiscalía, las maniobras consistieron en insertar en el Plan de Manejo Ambiental los siguientes datos:

• Que el lugar no era “un parque o una zona utilizada habitualmente para recreación de la población”.
• Que no se trata de “puntos culturales, religiosos o históricos del país”.
• Que no se trata de “sitios con características arqueológicas o paleontológicas”.
• Que no “existen pueblos indígenas en el área del proyecto o [que] se realizará el mismo en una comunidad indígena”.
• Que no “existen actividades no vinculadas con el proyecto que se estén desarrollando con o sin permiso en el sitio y que deban ser desplazadas a consecuencia del desarrollo del proyecto”.

“Si el documento público de Plan de Manejo Ambiental no hubiese sido confeccionado a partir de declaraciones falsas, estas erogaciones de dinero dispuestas por el Estado nacional en favor del Estado provincial no hubiesen tenido lugar. Allí finca la acreditación del daño o perjuicio patrimonial a las arcas públicas que se han acreditado en el caso”, sostuvo la fiscal.

“No sólo el pueblo actual de Caspalá se encuentra total o parcialmente sobre un yacimiento arqueológico, sino que toda la zona es considerada como un área de alta sensibilidad arqueológica”, marcó la fiscal.

El lunes pasado, durante la audiencia, el único imputado que aceptó declarar fue el arquitecto Torrejón, quien deslindó responsabilidades al afirmar que había firmado el “Plan de Manejo Ambiental”, que había sido elaborado por quien lo precedió en el cargo y cuya actualización era necesario presentar en el marco del procedimiento administrativo. El resto de las personas imputadas optó por permanecer en silencio, aunque la mayoría anticipó que aguardaría el avance de la investigación para evaluar una futura declaración.

El daño

De acuerdo con la imputación de la fiscal, a partir de esas maniobras se generaron envíos de fondos por más de 43 millones de pesos (concretamente, $43.197.562,66), que totalizan el monto del perjuicio causado, por parte del Ministerio de Educación de la Nación hacia la cartera provincial en concepto de adelanto financiero, certificados de obra 1, 2, 3 y 4, y adecuaciones provisorias 1 y 2, que significan un avance físico de obra que no alcanzó el 11% de la proyección global de las construcciones. La licitación estaba inicialmente valuada en octubre de 2021 en casi 96 millones de pesos (concretamente, $95.791.964,21).

“A este cálculo corresponde sumar el gasto que supone la puesta en marcha del aparato administrativo y burocrático del Estado Nacional, de cara a la gestión de una licitación pública nacional. Se trata de recursos humanos y materiales muy valiosos que se utilizaron infructuosamente”, aclaró la fiscal al momento de formular la imputación, y luego añadió: “Todo ello, además de considerar que las obras de construcción de la Escuela están paralizadas y han inutilizado desde entonces el predio de la cancha de fútbol de la comunidad de Caspalá. El 10,17% de escuela efectivamente construida, son cimientos, vigas y muros bajos que no tienen ningún uso desde entonces”.

“Alta sensibilidad arqueológica”

En este contexto, la fiscal remarcó que “no sólo el pueblo actual de Caspalá se encuentra total o parcialmente sobre un yacimiento arqueológico, sino que toda la zona es considerada como un área de alta sensibilidad arqueológica”. Evaluó que ello “no constituye una restricción absoluta para el desarrollo de infraestructura”, sino que “impone a la autoridad pública competente extremar recaudos específicos”, como “un estudio de impacto ambiental tendiente a identificar, predecir, evaluar y mitigar los potenciales impactos que un proyecto de obra o actividad puede causar al ambiente en el corto, mediano y largo plazo”, con el objeto de proteger el patrimonio cultural, identitario y estrictamente arqueológico.

“Claramente, dichas acciones no estuvieron presentes en este caso, lamentablemente”, remarcó Orsetti en las imputaciones formuladas.