Desde la Casa Rosada defendieron la decisión de quitarles la asistencia a las empresas y transferirla a los usuarios. Remarcaron que es una iniciativa que ya estaba planteada desde antes del debate de la Ley Ómnibus.

“La decisión del Estado Nacional es que los fondos lleguen directamente a los ciudadanos, sin intermediarios de ningún tipo, y beneficiando así a las personas que más lo necesitan”, insistieron desde la Secretaría de Transporte.

A pesar de las quejas de múltiples gobernadores, algunas incluso públicas, las autoridades nacionales defendieron la decisión de eliminar los subsidios que recibían las empresas de colectivos y trasladar esos fondos a los usuarios, y negaron que la medida haya sido una venganza por la falta de apoyo de algunas provincias durante el frustrado debate de la Ley Ómnibus.

“Se van a tener que ajustar también ellos”, respondió una de las importantes fuentes de la Casa Rosada consultadas por Infobae, ante el reclamo de los mandatarios provinciales y municipales luego de que se anunciara el fin del el Fondo Compensador del Interior, que beneficiaba a las compañías de transporte que operan fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Por la mañana de este jueves, la Secretaría de Transporte, que conduce Franco Mogetta, emitió un comunicado en el que precisó que, “cumpliendo con uno de los objetivos trazados al inicio de la gestión”, se ha “decidido disminuir el subsidio a las empresas prestatarias (oferta) de Jurisdicción Nacional, para concentrar la ayuda a los usuarios que más lo necesitan de forma directa, canalizando dicha asistencia a través de SUBE”.

“Estas decisiones guardan coherencia con el Pacto Fiscal que Gobernadores Provinciales y Gobierno Nacional firmaron en 2017 y 2018, donde se comprometían a eliminar progresivamente los subsidios diferenciales en materia de transporte para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), como así también, establecía que las provincias definirían compensaciones tarifarias y/o subsidios al transporte público de pasajeros por automotor desarrollado en el ámbito de sus jurisdicciones”, señalaron en el texto.

Al respecto, las autoridades nacionales ratificaron la decisión y remarcaron que cada administración “se tiene que hacer cargo de lo que le corresponde”, por lo que las provincias deberán “determinar cuánto va a costar el boleto en sus jurisdicciones”.

El nuevo cruce entre los mandatarios locales y la Casa Rosada se dio tan solo unos días después de que el presidente Javier Milei, desde Israel, donde se encuentra en el marco de su gira internacional, ordenara levantar la sesión en la que se estaba discutiendo la Ley Ómnibus.

Ante la falta de apoyo de algunos diputados que se habían comprometido a votar a favor de la iniciativa, el oficialismo determinó que el proyecto, que ya había sido aprobado en general y se estaba discutiendo en particular, volviera a comisión.

“El motivo por el cual ayer fue saboteado el proyecto es porque las partidas discrecionales a las provincias cayeron en un 98%, lo cual explica la traición de los gobernadores, que te dicen que quieren el cambio siempre y cuando lo suyo no se toque”, argumentó el jefe de Estado, durante una conversación con empresarios en Jerusalén.

No obstante, en el Gobierno niegan que la eliminación del subsidio a los colectivos sea una respuesta o “venganza” por esa palta de respaldo a la Ley y, en cambio, aseguran que se trata de una medida que ya estaba en agenda y que es parte del plan de ajuste.

Tal como precisó este medio, por la utilización del sistema SUBE las jurisdicciones más afectadas serán Buenos Aires (menos AMBA), Córdoba y Santa Fe, aunque las fuentes no quisieron dar detalle de cuántos fondos perderá cada una.

“La decisión del Estado Nacional es que los fondos lleguen directamente a los ciudadanos, sin intermediarios de ningún tipo, y beneficiando así a las personas que más lo necesitan”, insistieron desde la Secretaría de Transporte.