El fiscal federal cuestionó el accionar del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy al explicar que no se comunicaron con su Unidad Fiscal pese a que por la cantidad de droga incautada el último fin de semana –casi media tonelada-, se trataba de una maniobra de transporte de estupefacientes, un delito de exclusiva índole federal. También mencionó que pudieron haber interferido con una investigación federal en curso. El Juzgado Federal de Garantías N°2 aceptó el pedido de inhibitoria planteado desde la fiscalía y dispuso el envío de las actuaciones al fuero federal.
El Juzgado Federal de Garantías N°2 de Jujuy, a cargo de manera interina del juez Eduardo Hansen, hizo lugar hoy a un planteo de inhibitoria contra el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de esa provincia, respecto a actuaciones iniciadas tras el secuestro de casi 500 kilos de cocaína ocurrido el fin de semana pasado en la ciudad de La Quiaca.
La medida responde a los fundamentos esgrimidos por el fiscal Federico Zurueta, titular del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Jujuy. En la audiencia respectiva -realizada hoy a través de la plataforma Zoom-, el representante del Ministerio Público Fiscal calificó de “inconcebible” la manera en que su par provincial llevó adelante el caso.
Explicó que tomó conocimiento de los hechos de manera casual el sábado pasado alrededor de las 19.15, cuando por una información difundida por redes sociales se enteró del secuestro de casi 500 kilos de cocaína, dato que, según lo consignado, habría provenido de un parte de prensa oficial.
Al interiorizarse más del hecho, pudo saber que se habían realizado dos procedimientos. El primero, el viernes a la noche en una ruta de La Quiaca, en donde se detuvo un camión que transportaba 228 kilos de cocaína, a lo que se sumaron otros 250 kilos más, incautados al otro día, en un allanamiento realizado en un galpón comercial.
En dichos reportes informativos, se daba cuenta de la intervención del fiscal provincial Alberto Mendivil. Ante esta novedad, y dado que se trata de hechos que involucran al fuero federal, Zurueta sostuvo que desde la Unidad a su cargo se comunicaron con dicho fiscal, quien confirmó el resultado de ambos procedimientos, sin abundar en precisiones respecto al origen de las investigaciones. “Lo hizo de manera muy abstracta, sin dar detalles del procedimiento”, dijo el representante del MPF respecto al contacto con su par de la provincia.
Agregó que se comunicó luego con el titular del MPA de Jujuy, el fiscal general Sergio Lello Sánchez. “Le envié una copia del parte de prensa, preguntándole si era verdad. Me respondió que era real, que se trataba de una investigación de varias semanas, la que se inició por una denuncia anónima”, señaló sobre dicho diálogo.
Zurueta indicó que cuando preguntó por qué no se puso en conocimiento a la justicia federal, la respuesta fue que “en realidad, aún lo estaban trabajando y que incluso tenían un prófugo”.
El fiscal federal detalló que ayer, de una cuenta de Instagram oficial del MPA de Jujuy, se enteró de otros detalles de las actuaciones, entre ellos que los procedimientos fueron resultados de una investigación que llevaba meses y que se trabajaba sobre la hipótesis de que el galpón allanado era un lugar de acopio de la droga.
Exclusiva competencia federal
“Es absolutamente palmario y no merece el menor análisis que nos encontramos ante un hecho que es de exclusiva competencia federal”, resaltó el fiscal Zurueta al fundar su pedido de inhibitoria contra el MPA provincial y el juzgado que intervino.
Dejó en claro que “hay un hecho, incontrastable y aceptado por el Ministerio de la Acusación y es que el 20 de junio secuestraron un camión con 228 kilos de cocaína, es decir, independientemente del origen y de la hipótesis inicial, acá estábamos claramente ante un transporte de estupefaciente, de exclusiva competencia federal”.
“Nunca nos enteramos de esta situación, nunca nos comunicaron de parte del Ministerio de la Acusación, sino que se tomó conocimiento de manera casual, a raíz de una publicación en redes sociales”, cuestionó.
Además, afirmó que si bien no tiene la certeza, por los indicios obtenidos se puede especular con que “este procedimiento de la provincia tiene vinculación directa con otra investigación en curso desde hace varios meses” llevada adelante por la fiscalía federal que encabeza y que por ello desde el MPA jujeño “pueden haber interferido negativamente” en esa pesquisa.
“La intervención nuestra debería haber sido en el inicio de la investigación y sino desde el hallazgo del camión con droga. Resulta inconcebible que esta fiscalía no haya tenido conocimiento de esto y que nos hayamos enterado de manera casual”, remarcó.
En este marco, requirió la medida de excepción a fin de impedir también que sigan interviniendo actores que “claramente no tienen competencia para ello y que tampoco se continúen ordenando medidas” ya que pueden interferir en la investigación que la unidad fiscal tiene en curso.
La resolución del juez
Al momento de resolver, el juez Hansen avaló los argumentos del fiscal Zurueta, calificó la situación como de una “gravedad inusitada” por parte del MPA de Jujuy y, en función de ello, ordenó a las autoridades judiciales de la provincia a que se inhiban de continuar interviniendo en las actuaciones que se iniciaron la noche del 20 de junio y que remitan a la fiscalía federal, el legajo del caso completo, los objetos y elementos secuestrados y que ponga a su disposición los detenidos.
“Desde el mismo momento en que se procede a la toma de conocimiento del secuestro de los 228 kilos de cocaína en un camión, ese solo hecho, prima facie, configuraría un delito de transporte de estupefaciente, que por el tipo penal, ya atribuye clara competencia al fuero federal”, afirmó.
Remarcó que, al margen de lo que podría haber informado el fiscal general, ello no es un argumento que pueda ser esgrimido por el MPA provincial, como justificativo de una investigación primaria que permita dar precisión a los hechos y a la calificación del hecho.
Por otra parte, se refirió a la ley provincial N°26.052, norma que delimita la categoría de delitos que la provincia asumió al desfederalizar el microtráfico. “Comparto que es inadmisible este tipo de accionar, pues se pone en riesgo investigaciones que está llevando la fiscalía federal sobre delitos que son muy superiores, por el tipo penal, a los del narcomenudeo que puede llevar adelante la provincia”, resaltó.
Por último, y tal como lo requirió el MPF, dispuso que -a través de la Oficina Judicial- se libre oficio a la Suprema Corte de Justicia de la provincia y al MPA jujeño a fin de poner en conocimiento de esta resolución y que se torne operativa la misma.
MASCOTAS3 años atras