Representantes indígenas de Argentina expusieron ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU las graves violaciones a los derechos territoriales en Jujuy, vinculadas a la explotación del litio.
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27 de septiembre de 2024.- Líderes indígenas de Jujuy presentaron ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, una denuncia por las políticas discriminatorias y la represión que aseguran haber sufrido por parte del gobierno provincial contra sus comunidades. Esta denuncia se realizó en el marco de la 57ª sesión del Consejo, que este año revisará las leyes, políticas y decisiones judiciales adoptadas por los Estados en cumplimiento con el Artículo 38 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
La presentación ante la ONU estuvo a cargo de Néstor Jerez, líder del Pueblo Ocloya y miembro del Tercer Malón de la Paz, junto con Beatriz Gutiérrez, líder Kolla de la zona de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, de Jujuy. Ambos argumentaron que las reformas recientes a la Constitución provincial, que se han implementado dentro de un marco nacional que fomenta la explotación del litio, han sido llevadas a cabo sin el consentimiento libre, previo e informado, como lo establece el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por Argentina en 1992.
Esta omisión representa una violación directa de los artículos 3, 4, 19 y 26 de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, que garantizan el derecho de las comunidades a ser consultadas y a controlar sus territorios.
“Se está violando el principio de consulta previa, la libre determinación y el derecho al territorio”, resumió Jerez en su presentación. Y agregó: “También se han adoptado medidas administrativas discriminatorias, tales como la aprobación de proyectos de litio en tierras indígenas. Por ejemplo, la Mina Agonic (Lition Energy) que se encuentra ubicada en territorio de comunidad El Angosto del Pueblo Kolla”.
Uno de los casos que expusieron es el de la Comunidad El Angosto, donde aproximadamente el 80% de una mina de litio se superpone con tierras reconocidas legalmente como propiedad de la Comunidad Kolla. Esta situación fue confirmada por un informe de la Universidad de Buenos Aires, que utilizó datos oficiales del gobierno de Jujuy para verificar la ubicación de la mina en relación con los territorios indígenas.
A pesar de esta clara superposición, no se realizó ninguna consulta con la comunidad antes de autorizar el proyecto minero, lo que constituye una violación de los derechos indígenas.
“Las 33 Comunidades Indígenas de la Cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc no quieren ser objeto de una transición energética que genera despojo territorial, contaminación, pérdida de fuente de agua y daño a nuestra Madre Tierra Pachamama. Por tal motivo pedimos a este Consejo la adopción de medidas inmediatas para proteger nuestros derechos”, completó Jerez.
En 2014, más de 30 comunidades de la región de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc, incluida la Comunidad El Angosto, habían desarrollado su propio protocolo de consulta para asegurar que sus derechos fueran respetados en cualquier situación de explotación de recursos naturales. Sin embargo, ni el gobierno provincial ni las empresas mineras respetaron estos protocolos.
En su lugar, las tierras fueron otorgadas a las empresas sin el consentimiento de las comunidades afectadas. Esta omisión es una clara violación del Consentimiento Libre, Previo e Informado, un principio legal que no solo es una obligación internacional, sino también una herramienta vital para garantizar la justicia y la autodeterminación de los pueblos indígenas frente a la explotación de sus territorios.
La situación en Jujuy refleja un conflicto más amplio en Argentina, donde el derecho a los recursos naturales es reclamado por el Estado, pero los proyectos específicos son regulados a nivel provincial. Actualmente, hay 17 proyectos mineros en operación en diversas provincias, como Santa Cruz, San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy.
En Jujuy, que representa el 43% del litio extraído en Argentina, operan dos plantas de litio y es la provincia con la tercera mayor población indígena del país. Aquí conviven 11 pueblos indígenas, distribuidos en aproximadamente 400 comunidades de las cuales 274 tienen personalidad jurídica, mientras que otras 50 están en proceso de obtener reconocimiento oficial.
Las zonas de explotación de litio en Jujuy se superponen con los territorios indígenas, agravando el conflicto y desatando protestas por la falta de respeto a los derechos territoriales.
El impacto de las leyes en los pueblos indígenas
Este año, la 57 ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas se centrará en analizar el impacto de las leyes nacionales, políticas y decisiones judiciales en los derechos de los pueblos indígenas, así como en la manera en que los Estados miembros consultan y cooperan con las comunidades indígenas. Las discusiones destacarán tanto las mejores prácticas como los desafíos significativos que aún persisten para garantizar el respeto a los derechos indígenas a nivel mundial.
Como un destacado defensor de los derechos territoriales de los pueblos indígenas en las Américas, el Centro de Recursos Jurídicos para los Pueblos Indígenas sigue promoviendo la protección y el respeto de los derechos indígenas en los foros internacionales. La participación de las comunidades indígenas de Argentina en esta sesión representa una oportunidad clave para visibilizar la lucha por sus derechos territoriales en el contexto de la creciente explotación de litio y otros recursos naturales en sus tierras ancestrales.
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