Como sucedió en Salta y Tucumán, la Unidad Fiscal de Jujuy desarticuló otra célula delictiva conformada por gendarmes acusados de recibir coimas en los controles de ruta. En este caso, los sobornos se pagaban mediante transferencias bancarias de entre 20 mil y 100 mil pesos. A cambio, los acusados dejaban pasar mercadería proveniente de Chile.

A pedido del fiscal federal Federico Zu

La misma luego era comercializada por fardos mediante sus redes sociales. En la cuenta de Facebook de Carabajal, por ejemplo, se consignaba que la ropa era de origen extranjero. Todo esto motivó profundizar las intervenciones telefónicas, tanto sobre Carabajal, Urzagasti y los gendarmes con quienes se comunicaban.

De esta manera, se pudo determinar que el éxito del contrabando era garantizado por los gendarmes acusados, quienes prestaban servicio en el puesto del Paso de Jama. A cambio, y según surge de las escuchas telefónicas y mensajes, Carabajal y Urzagasti acordaban con los acusados el pago de coimas, las que se efectivizaban mediante transferencias bancarias.

Al respecto, y para reforzar la imputación penal, expusieron algunos de los chats mantenidos entre los imputados, de los que surgía claramente la connivencia que existían, pues los gendarmes, incluso, les advertían a los comerciantes, cuando no estaban en sus puestos de control, o viene, que había otros gendarmes que querían cobrar 400 mil pesos por vehículos.

Coimas por transferencia

También se detallaron numerosas transferencias bancarias realizadas, tanto por Carabajal y Urzagasti, a cada uno de los gendarmes acusados por sumas que iban de los 20 a más de 100 mil pesos. Indicaron que, dada la gran cantidad de prueba reunidas, es que se solicitó las detenciones de los acusados y el allanamiento de sus domicilios.

Como resultado de ello, en la casa de los comerciantes se secuestraron varios fardos de mercadería, con una valuación provisoria que supera los 18 millones de pesos, suma que fue resaltada por la fiscalía al momento de describir la magnitud de la maniobra delictiva y su grave afectación, en materia impositiva.

Atento a ello, formalizaron la acusación en virtud de la gravedad y la logística que los acusados desplegaron para la comisión delictiva. Descartaron que se trate de una conducta aislada, sino producto de una organización criminal, por lo que no se descarta la participación de otros implicados.

En materia de medidas de coerción, en tanto, los representantes del Ministerio Público Fiscal requirieron para Carabajal y Urzagasti la medida más severa, o sea la prisión preventiva en unidades carcelarias del Servicio Penitenciario Federal, lo que fundaron en el serio riesgo de fuga, la facilidad para abandonar el país y la capacidad económica que ostentan para ello.

Sin minimizar, con ello, la conducta de los gendarmes, la que también calificaron como grave, consideraron acertada la prisión preventiva de los comerciantes, en razón, de que ninguno tenía trabajo formal registrado y, básicamente, se jactaban de manejar a los gendarmes con dinero.

A su turno, las defensas no realizaron objeciones a la calificación penal y, en su mayoría, tampoco lo hicieron respecto a las medidas de coerción. Sólo el defensor de Urzagasti se opuso a la prisión preventiva efectiva y planteó que la misma sea morigerada por un arresto domiciliario.

Esta posibilidad fue rechazada por el juez, quien compartió los argumentos de la fiscalía, por considerar que dicha medida se encuentra “justificada”, ya que los acusados Carabajal y Urzagasti eran los que “concertaban” las actividades delictivas.

“Los dos comerciantes eran quienes formalizaban el delito de contrabando de importación, por lo que su participación no es menor. Además, cabe señalar que la fiscalía le adjudica el grado de coautoría”, indicó el magistrado, quien tampoco restó gravedad al accionar de los gendarmes.

Finalmente, autorizó una serie de pericias pendientes, entre ella a los teléfonos celulares secuestrados a los acusados. La fiscalía, en tanto, informó que, por orden judicial, las cuentas bancarias de los acusados fueron congeladas, mientras que, desde Gendarmería Nacional, reveló que todo el personal de esa fuerza imputado paso a disponibilidad.

Los antecedentes en Salta y Tucumán 

El 18 de septiembre pasado fueron detenidos un total de 20 gendarmes y nueve civiles en el marco de una investigación conjunta entre la Unidad Fiscal de Salta, a cargo del fiscal general Eduardo Villalba, y la Fiscalía Federal N°2 de Tucumán, cuyo titular es el fiscal federal Agustín Chit, en una causa por asociación ilícita y por el cobro de coimas a tours de compras que iban de Tucumán a Bolivia. En aquellos procedimientos se secuestraron más de 46 millones de pesos y productos de contrabando tanto en los puestos de gendarmería allanados, como en domicilios particulares de los efectivos imputados y el resto de los implicados.

La causa se inició en septiembre de 2023 por la denuncia realizada por algunos “bagayeros” que se quejaban del cobro excesivo de coimas y de algunos miembros de la propia fuerza federal que conocían la maniobra. Los puestos de control de Gendarmería apuntados en la investigación fueron los ubicados en El Naranjo, en Salta, y Trancas, en Tucumán.

rueta, titular del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Jujuy, el juez federal de Garantías N°1 de esa provincia, Eduardo Hansen, hizo ayer lugar a la imputación penal para dos comerciantes y diez gendarmes detenidos el sábado pasado tras una investigación en la que se los acusa de contrabandear indumentaria desde Chile a cambio de coimas de entre 20 mil y 100 mil pesos para los miembros de la fuerza de seguridad federal implicados.

En el marco de una audiencia de formalización de la investigación penal, el magistrado también avaló la legalidad de las detenciones, autorizó una serie de pericias y dictó la prisión preventiva de los dos comerciantes, mientras que a los gendarmes les impuso la prohibición de salir del país, el comparendo cada 15 días en una dependencia policial, la promesa de no entorpecer el proceso y la retención de sus documentos de viaje.

En los términos requeridos por la fiscalía, el juez dispuso la imputación penal de los comerciantes Luciano Jorge Carabajal y Cristian Ramón Urzagasti, por el delito de contrabando de importación agravado por el número de personas involucradas, la intervención de miembros de fuerzas de seguridad y por el valor de la mercadería, en concurso con cohecho activo y en grado de coautores.

En tanto, los gendarmes Osvaldo Alfonso Durán, Gustavo César Aranibar, Yanina Gabriela Báez, Claudio Gabriel Bareiro, Gustavo Celestino Castillo, Ricardo Fernando Gutiérrez, Matías Ezequiel Escalante, Nicolás Alejandro Iznardo, Diego Sebastián Pabloff y José Antonio Pantoja, pertenecientes al Escuadrón 53, fueron imputados por contrabando de importación en concurso con los delitos de incumplimiento de deberes de funcionario público y cohecho pasivo, en calidad de partícipes necesarios.

La investigación

Al presentar el caso, el fiscal Zurueta y el auxiliar fiscal Federico Casas realizaron una detallada exposición de los hechos y las pruebas reunidas. En principio, dijeron que las detenciones no fueron fortuitas, sino fruto de una investigación iniciada el 22 de mayo de pasado.

Explicaron que, en el marco de otra pesquisa con escuchas telefónicas judicializadas, surgió una información que daba cuenta de una modalidad delictiva en los puestos de control de personal de Gendarmería Nacional. Entre otros datos, resaltaba el nombre del imputado Carabajal, quien se dedicaba al contrabando de indumentaria a granel, lo que se consumaba a través del Paso de Jama y con colaboración de gendarmes.

En función de ello, la fiscalía dispuso tareas de campo e inteligencia, a través de las cuales se estableció que efectivamente Carabajal, desde mayo de 2022 había iniciado constantes viajes hacia Chile junto a Urzagasti, tanto en un vehículo como una camioneta, en la que trasladaban a este país gran cantidad de mercadería de todo tipo, aunque en su mayoría se trataba de ropa y calzado.