Con una destacada participación de estudiantes y docentes, se llevó a cabo una enriquecedora jornada de capacitación organizada por la cátedra de Periodismo Digital de la carrera Tecnicatura Superior en Comunicación Social del Instituto de Educación Superior N° 9, en la ciudad de San Pedro de Jujuy.

La actividad estuvo centrada en el análisis del periodismo digital, el manejo profesional de redes sociales, las agendas mediáticas actuales y las posibilidades de financiamiento para medios emergentes. Los encargados de conducir la capacitación fueron Romina Amaya y Juan Quispe, reconocidos comunicadores vinculados a medios digitales y alternativos de la provincia de Jujuy.

La apertura del encuentro estuvo a cargo del profesor Ariel Tolosa, quien subrayó la importancia de generar espacios donde los estudiantes puedan dialogar con referentes del periodismo independiente, y conocer de primera mano las dinámicas reales del ejercicio profesional fuera del ámbito académico.

Durante su intervención, los disertantes compartieron sus trayectorias personales, los inicios de sus emprendimientos en medios digitales y la evolución de sus proyectos en contextos complejos. Hicieron foco en la preproducción, producción y postproducción de contenidos, la construcción de una agenda propia y la diferencia entre medios tradicionales y emergentes. Uno de los ejes centrales fue el desafío del sostenimiento económico de un medio, un punto que despertó gran interés entre los asistentes.

La participación activa de los estudiantes se evidenció a lo largo de la charla, con preguntas y reflexiones sobre temas como la libertad de expresión, la remuneración en el sector, las proyecciones laborales en el rubro y estrategias para destacarse en un ecosistema mediático cada vez más competitivo.

El encuentro finalizó con una cálida ronda de aplausos, fotografías grupales y un valioso intercambio informal, donde los asistentes continuaron dialogando con los expositores en busca de herramientas que les permitan construir su futuro profesional en la comunicación social.

En toda la disertación, los alumnos acompañaron con anotaciones y preguntas claves para poder comprender la realidad fuera de la teoría.

Muchos alumnos admitieron tener curiosidad en la libertad de expresión, los salarios reales, la proyección a futuro y como destacar ante una competencia constante.

Los capacitadores, brindaron sus puntos de vista, conocimientos, experiencias y opiniones en las temáticas tratadas.

Este lunes 23 de junio en el salón del Centro de Visitantes Ledesma (LGSM) se realizó la entrega de certificaciones a los alumnos que aprobaron los módulos del Proceso Formativo “Usina del Conocimiento: Constitución y Legalización de Organizaciones Sin Fines de Lucro”.

Con una notable concurrencia y previo a la entrega simbólica de 20 certificados que representaron a los 50 en total, la Directora Provincial de Relaciones con la Sociedad Civil, Ingrid Carretero, brindó una capacitación sobre el Relevamiento Provincial de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) sin fines de lucro, resaltando la importancia de tener estos datos para la toma de decisiones.

Posteriormente se realizó el acto formal de la entrega de Certificaciones de quienes, desde julio hasta septiembre de 2024, se capacitaron sobre las diversas herramientas disponibles para la Constitución y Regularización de una Organización Sin Fines de Lucro. La actividad contó con la colaboración de la empresa Ledesma para el traslado del equipo profesional en algunos módulos, y se cursó en las instalaciones del Club Atlético Ledesma.

En este sentido, la referente de Relaciones con la Comunidad de la empresa Ledesma, Daniela Orquera, destacó que es el tercer año que se lleva adelante este tipo de capacitaciones, y “la idea es poder continuar para que las personas puedan adquirir las herramientas técnicas y logren gestionar proyectos a nivel provincial, nacional e internacional, ya que la personería jurídica es importante para la gestión ante organizaciones estatales y organismos internacionales”.

Esta formación fue declarada de Interés Educativo por el Ministerio de Educación de la provincia, y estuvo diseñada para generar un doble impacto: que los referentes de Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) puedan adquirir conocimientos, y que la persona capacitada pueda generar ingresos si lo desea, presentando incluso un servicio de asesoramiento y acompañamiento a organizaciones sociales que quieran formalizarse.
El secretario de Justicia, Javier Gronda, celebró que se lleven adelante este tipo de capacitaciones, “para poder cumplir con los requisitos que se exigen para poder abrir las asociaciones, como abrir una cuenta en AFIP, tener los balances en orden, y llevar las elecciones de manera ordenada”.

Por último, el funcionario provincial agradeció la participación de la empresa Ledesma en este tipo de iniciativas y consideró que las organizaciones de la sociedad civil, los clubes de barrio, los centros vecinales son fundamentales y es importante que tengan los papeles en orden para acceder posteriormente a algún beneficio o programa”.

Somos Ledesma
Nacida en 1908 como un ingenio azucarero en Jujuy, Ledesma es una empresa agroindustrial argentina que lidera los mercados nacionales del azúcar y del papel, los que produce a partir de la fibra de caña de azúcar. La compañía invierte constantemente para innovar e introducir tecnología y así agregar valor a través de la integración de sus actividades; y procura alinear su crecimiento económico con el progreso social y el cuidado del ambiente en las comunidades donde opera.

El fiscal federal cuestionó el accionar del Ministerio Público de la Acusación de Jujuy al explicar que no se comunicaron con su Unidad Fiscal pese a que por la cantidad de droga incautada el último fin de semana –casi media tonelada-, se trataba de una maniobra de transporte de estupefacientes, un delito de exclusiva índole federal. También mencionó que pudieron haber interferido con una investigación federal en curso. El Juzgado Federal de Garantías N°2 aceptó el pedido de inhibitoria planteado desde la fiscalía y dispuso el envío de las actuaciones al fuero federal.

El Juzgado Federal de Garantías N°2 de Jujuy, a cargo de manera interina del juez Eduardo Hansen, hizo lugar hoy a un planteo de inhibitoria contra el Ministerio Público de la Acusación (MPA) de esa provincia, respecto a actuaciones iniciadas tras el secuestro de casi 500 kilos de cocaína ocurrido el fin de semana pasado en la ciudad de La Quiaca.

La medida responde a los fundamentos esgrimidos por el fiscal Federico Zurueta, titular del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos de la Unidad Fiscal Jujuy. En la audiencia respectiva -realizada hoy a través de la plataforma Zoom-, el representante del Ministerio Público Fiscal calificó de “inconcebible” la manera en que su par provincial llevó adelante el caso.

Explicó que tomó conocimiento de los hechos de manera casual el sábado pasado alrededor de las 19.15, cuando por una información difundida por redes sociales se enteró del secuestro de casi 500 kilos de cocaína, dato que, según lo consignado, habría provenido de un parte de prensa oficial.

Al interiorizarse más del hecho, pudo saber que se habían realizado dos procedimientos. El primero, el viernes a la noche en una ruta de La Quiaca, en donde se detuvo un camión que transportaba 228 kilos de cocaína, a lo que se sumaron otros 250 kilos más, incautados al otro día, en un allanamiento realizado en un galpón comercial.

En dichos reportes informativos, se daba cuenta de la intervención del fiscal provincial Alberto Mendivil. Ante esta novedad, y dado que se trata de hechos que involucran al fuero federal, Zurueta sostuvo que desde la Unidad a su cargo se comunicaron con dicho fiscal, quien confirmó el resultado de ambos procedimientos, sin abundar en precisiones respecto al origen de las investigaciones. “Lo hizo de manera muy abstracta, sin dar detalles del procedimiento”, dijo el representante del MPF respecto al contacto con su par de la provincia.

Agregó que se comunicó luego con el titular del MPA de Jujuy, el fiscal general Sergio Lello Sánchez. “Le envié una copia del parte de prensa, preguntándole si era verdad. Me respondió que era real, que se trataba de una investigación de varias semanas, la que se inició por una denuncia anónima”, señaló sobre dicho diálogo.

Zurueta indicó que cuando preguntó por qué no se puso en conocimiento a la justicia federal, la respuesta fue que “en realidad, aún lo estaban trabajando y que incluso tenían un prófugo”.

El fiscal federal detalló que ayer, de una cuenta de Instagram oficial del MPA de Jujuy, se enteró de otros detalles de las actuaciones, entre ellos que los procedimientos fueron resultados de una investigación que llevaba meses y que se trabajaba sobre la hipótesis de que el galpón allanado era un lugar de acopio de la droga.

Exclusiva competencia federal

“Es absolutamente palmario y no merece el menor análisis que nos encontramos ante un hecho que es de exclusiva competencia federal”, resaltó el fiscal Zurueta al fundar su pedido de inhibitoria contra el MPA provincial y el juzgado que intervino.

Dejó en claro que “hay un hecho, incontrastable y aceptado por el Ministerio de la Acusación y es que el 20 de junio secuestraron un camión con 228 kilos de cocaína, es decir, independientemente del origen y de la hipótesis inicial, acá estábamos claramente ante un transporte de estupefaciente, de exclusiva competencia federal”.

“Nunca nos enteramos de esta situación, nunca nos comunicaron de parte del Ministerio de la Acusación, sino que se tomó conocimiento de manera casual, a raíz de una publicación en redes sociales”, cuestionó.

Además, afirmó que si bien no tiene la certeza, por los indicios obtenidos se puede especular con que “este procedimiento de la provincia tiene vinculación directa con otra investigación en curso desde hace varios meses” llevada adelante por la fiscalía federal que encabeza y que por ello desde el MPA jujeño “pueden haber interferido negativamente” en esa pesquisa.

“La intervención nuestra debería haber sido en el inicio de la investigación y sino desde el hallazgo del camión con droga. Resulta inconcebible que esta fiscalía no haya tenido conocimiento de esto y que nos hayamos enterado de manera casual”, remarcó.

En este marco, requirió la medida de excepción a fin de impedir también que sigan interviniendo actores que “claramente no tienen competencia para ello y que tampoco se continúen ordenando medidas” ya que pueden interferir en la investigación que la unidad fiscal tiene en curso.

La resolución del juez

Al momento de resolver, el juez Hansen avaló los argumentos del fiscal Zurueta, calificó la situación como de una “gravedad inusitada” por parte del MPA de Jujuy y, en función de ello, ordenó a las autoridades judiciales de la provincia a que se inhiban de continuar interviniendo en las actuaciones que se iniciaron la noche del 20 de junio y que remitan a la fiscalía federal, el legajo del caso completo, los objetos y elementos secuestrados y que ponga a su disposición los detenidos.

“Desde el mismo momento en que se procede a la toma de conocimiento del secuestro de los 228 kilos de cocaína en un camión, ese solo hecho, prima facie, configuraría un delito de transporte de estupefaciente, que por el tipo penal, ya atribuye clara competencia al fuero federal”, afirmó.

Remarcó que, al margen de lo que podría haber informado el fiscal general, ello no es un argumento que pueda ser esgrimido por el MPA provincial, como justificativo de una investigación primaria que permita dar precisión a los hechos y a la calificación del hecho.

Por otra parte, se refirió a la ley provincial N°26.052, norma que delimita la categoría de delitos que la provincia asumió al desfederalizar el microtráfico. “Comparto que es inadmisible este tipo de accionar, pues se pone en riesgo investigaciones que está llevando la fiscalía federal sobre delitos que son muy superiores, por el tipo penal, a los del narcomenudeo que puede llevar adelante la provincia”, resaltó.

Por último, y tal como lo requirió el MPF, dispuso que -a través de la Oficina Judicial- se libre oficio a la Suprema Corte de Justicia de la provincia y al MPA jujeño a fin de poner en conocimiento de esta resolución y que se torne operativa la misma.