Están bajo la lupa 951 proyectos que forman parte del plan Argentina Hace, cuyo saldo casi llega a $600.000 millones, según fuentes oficiales.

uego de la parálisis, el capítulo de la obra pública abre una nueva historia de tensión entre el Gobierno, los gobernadores y los intendentes. El conflicto lleva forma de billetera, porque el Ejecutivo empezó a reclamar el dinero pagado por proyectos que recibieron plata de Nación, pero cuyos plazos originales no se cumplieron.

En el Boletín Oficial, el Ministerio de Economía publicó la Resolución 452/2024, que estipula tres caminos posibles para las provincias o municipios en cuestión: la devolución del dinero, finalizar las obras en 120 días con financiamiento nacional o hacerse cargo de ellas con fondos propios.

“Se considera necesario dejar sin efecto determinados programas que se llevan adelante en la órbita de este Ministerio que no responden a los criterios de eficiencia en el funcionamiento del sector público que este contexto requiere”, firmó en dicha normativa el ministro de Economía, Luis Caputo, a quien responde la Secretaría de Obras Públicas.

El programa al que la resolución alude es “Argentina Hace”, una iniciativa lanzada por la gestión de Alberto Fernández el 9 de marzo de 2020 para ejecutar trabajos “de infraestructura” en 2300 municipios de todo el país. Según un relevamiento realizado por la actual administración, cuando llegaron al poder había 951 obras pendientes de este programa, cuyos saldos con municipios ascendían a $598.522 millones.

En esta historia hay distintos actores, porque a través del plan “Argentina Hace” se firmaban convenios entre el Gobierno, las provincias y los municipios que estipulaban diferentes roles: el Ejecutivo financiaba las obras y los gobernadores o intendentes se encargaban de las licitaciones y de todo el trabajo que los proyectos demandasen en territorio.

Fuentes oficiales describieron a LA NACION que, en su mayoría, se trata de obras menores que no justificaban la intervención del Estado Nacional. Un ejemplo de esto es la construcción de techos para piletas municipales, vestuarios para un club, baños en cementerios, arreglos de cunetas, veredas o pistas de skate.

La distribución geográfica de este tipo de trabajos, que antes se catalogaban como “de infraestructura” y ahora se los denomina de “baja envergadura”, muestra una gran concentración en el Área Metropolitana de Buenos Aires, Córdoba y sur de Santa Fe.

La ubicación de estas obras inconclusas muestra un dato: con qué gobernadores o intendentes el Gobierno deberá negociar la devolución del dinero, el traspaso de la obra o la continuidad sin ningún tipo de cambio dentro del funcionamiento del convenio.

En ese sentido, la resolución del Ministerio de Economía comenzó a fijar los términos y condiciones de esas conversaciones por las obras sin terminar del plan “Argentina Hace”.

“De mediar incumplimiento de la provincia, municipio y/u otro ente ejecutor a las obligaciones asumidas en el convenio respectivo, deberá corroborarse si se han adoptado las medidas pertinentes a los fines de procurar la corrección de dicha irregularidad y, en su caso, adoptarlas y eventualmente proceder a recuperar los fondos correspondientes”, indica el textual de la resolución oficial. En palabras más sencillas, esto significa que el Gobierno nacional abrió la posibilidad de que le devuelvan el dinero girado a las jurisdicciones por obras que registraran incumplimientos o irregularidades. En la misma normativa se explicó que los fondos reembolsados serán actualizados según la Tasa Activa del Banco Nación para evitar la licuación inflacionaria de los recursos.

Dentro de los términos y condiciones de la continuidad de las obras, el Gobierno también incluyó un apartado de “motosierra” en el segundo artículo de la resolución. Allí, aclaró en qué instancia el Gobierno puede retirarse de su rol como financista de la obra: “Una vez transcurrido un plazo de seis (6) meses posteriores al cumplimiento del plazo, quedará sin efecto el plan “Argentina Hace”.

A propósito de plazos, las obras cuya asistencia financiera se decidiera continuar tendrán un período máximo de 120 días para finalizarse. A su vez, en la resolución también se contempló que la provincia, municipio o cualquiera fuera el ente ejecutor evalúe “la pertinencia de adoptar las medidas que correspondan a los fines de asumir la ejecución de la obra sin asistencia financiera” del Gobierno nacional.

En caso de no detectar incumplimientos o irregularidades, el Ministerio de Economía estipuló que “deberá analizarse la viabilidad de que la provincia, el municipio y/u otro ente ejecutor asuma el financiamiento de la obra sin asistencia financiera”.

Esto último implicaría el traspaso del proyecto y, en consecuencia, la desafectación de responsabilidades del Estado Nacional. Esos acuerdos comenzaron a ser firmados con algunas obras. De hecho, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, lleva firmadas actas de estas características con Jujuy, Neuquén, Chubut, Entre Ríos, Mendoza, Córdoba, Salta, Catamarca y Tucumán.