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SOCIEDAD

Piden al Congreso que rechace la prórroga de la “emergencia sanitaria”

Foto: Facebook

Un artículo de la página web, cienciaysaludnatural.com, señaló que un grupo de casi 200 profesionales -entre ellos, médicos, epidemiólogos, sociólogos, biólogos, psicólogos y comunicadores- redactaron una urgente misiva dirigida a legisladores nacionales en la que solicitaron que se rechace la prórroga de la “emergencia sanitaria” por considerar que no existe tal “emergencia” y ante el temor de que el decreto de necesidad y urgencia (DNU) draconiano contribuya a perpetuar las innumerables irregularidades. Se reproduce a continuación la carta completa y el listado de los firmantes:

Buenos Aires, 6 de enero de 2023

1- Comisión de Salud de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación
Señores Senadores Nacionales
2- Comisión de Salud de la HC de Diputados de la Nación
Señores Diputados Nacionales
Nos dirigimos a Uds. con la urgente necesidad de V. intervención para limitar los excesos y desaciertos del PEN en la suplantación de funciones que la CN asigna a ese Cuerpo.
En este caso, se trata del DECNU-2022-863-APN-PTE – Ampliación, que prorroga la denominada Emergencia Sanitaria, y que a nuestro entender debería ser rechazado en toda su extensión por el HCN.
Instamos entonces, con nuestra mayor expectativa, que el Poder Legislativo recupere en su mayor medida el dictado de las leyes, en cumplimiento de la división republicana de poderes abrogada por el PEN.
El DNU de marras es un precedente necesario para que el PEN instrumente medidas como las que ya ha impuesto a la población, de las cuales no ha habido antecedentes ni respaldo científico en la historia de la medicina.
El daño provocado por estás políticas públicas, en un marco autoritario si no totalitario, es inconmensurable en lo social, sanitario, económico, cultural, moral, psicológico e institucional, y supera con creces al provocado por la pandemia invocada.
Tal daño no habría sido posible sin la connivencia de los medios masivos de comunicación, los demás poderes del Gobierno y el inexplicable y vergonzoso respaldo de las sociedades científicas. Solamente podemos rescatar la reacción, entre los poderes establecidos por la CN, de uno de los órganos de control, la Auditoría General de la Nación, que en sus Informes ha denunciado irregularidades flagrantes del PEN en la gestión contra la pandemia.
No es posible soslayar las implicancias de que el PEN haya acudido nuevamente a un DNU para sancionar la Emergencia sanitaria. No podemos dejar de recordar que fue el dictador Juan Carlos Onganía quien instaló esta norma en reemplazo de las leyes, disimulando su nomenclatura de Decreto con los adjetivos de Necesidad y Urgencia.
Aunque el DNU fue luego incorporado en la Constitución Nacional de 1994, solamente se justifica en “circunstancias excepcionales que hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes” (CN, art. 99, inc. 3).
Como la primera declaración de Emergencia sanitaria data del DNU 486/2002, y luego se prorrogó anualmente hasta la fecha, cabe señalar la ruptura permanente de la norma por parte del PEN, avalada por el Poder Legislativo, que no sólo no declara la Emergencia, sino que avala los DNU con el acuerdo de su Comisión Intercameral formada al efecto con miembros del oficialismo y oposición.
El parangón con la conducta dictatorial es inevitable, con la diferencia de que el PEN no está solo en esta anticonstitucionalidad.
Lo que hace más inconsistente el DNU, motivo de la presente, es la ausencia de tal emergencia, como ya viniera ocurriendo en la amplia mayoría de los años correspondientes a estas dos décadas desde su primer dictado.
Algo también notable en su contenido es, que desde el primer DNU se lo denomina de Emergencia sanitaria, cuando en realidad su articulado no repara en la salud ni en cómo atenderla, sino en el manejo de recursos a través de transferencias de Partidas Presupuestarias. Queda así, a la vista que, en realidad, la emergencia es del sistema. Algo que no debería llamar la atención, si consideramos que la declinación del sistema y de indicadores de salud de la población en relación con la Región, lleva siete décadas bajo responsabilidad de gobiernos de distintos signos, con notable predominio de partidos en continuidad con el del gobierno actual.
Al amparo de tantos hechos cuestionables, nos permitimos recurrir nuevamente al Poder Legislativo Nacional, sustentados en el temor que nos provoca este DNU draconiano, luego de haber sido testigos de innumerables irregularidades que vale recordar:
• Asesoramiento presidencial por un Comité de Expertos atravesado por visibles y graves conflictos de intereses respecto de la industria, sin especialistas independientes y calificados en cuestiones básicas de la Epidemiología, Inmunología, Genética y Ciencias sociales, entre otras
• Denigración de la medicina, coaccionada y acallada por una terrible censura y represalia a cualquier postura disidente.
• Implementación de medidas que en nada respondían a un saber científico válido.
• Uso de tapabocas, del cual las mismas autoridades sanitarias se habían expedido anteriormente como perjudicial, salvo en circunstancias específicas y muy limitadas
• Distanciamiento “social”, más allá de lo razonable para cualquier afección que se supusiera contagiosa, y con un nombre que revela la intención de desmovilización social, dado que, con propiedad, debió llamarse distanciamiento “físico
• Aislamiento de sanos, con evidencia plena de su atentado a la inmunidad natural, y de su provocación de graves males en importantes dimensiones de la vida cotidiana
• Creación de la figura del «enfermo asintomático», en reemplazo de la condición científicamente reconocida de “portador sano”
• Universalización del test PCR-RT, reconocido por el mismo Ministerio de Salud como inválido para determinar Covid 19, pese a lo cual justificaron entonces, fraudulentamente, las medidas sanitarias, incluyendo el plan de vacunación
• Transferencia económica desde el sector público al privado mediante:
o Resolución SSS 326/2020 de la Superintendencia de Servicios de Salud, brindando estímulos monetarios con fondos públicos a instituciones privadas que registraran enfermos y muertos como producto del Covid 19, algo inédito en la historia de la medicina
o Reducción de atención en hospitales públicos a enfermos con Covid 19 y emergencias médicas
• Pagos a hospitales públicos para registrar Covid 19 (Resolución SSS 326/2020), provocando un conflicto de intereses para la percepción de fondos por parte de hospitales empobrecidos crónicamente por el mismo Estado financiador
• Prohibición de tratamientos que han demostrado eficacia en todo el mundo, como la ivermectina e hidroxicloroquina, entre otros.
• Sometimiento de toda la población a un experimento con vacunas autorizadas en función de una emergencia, algo que debiera proscribirse en razón de la desconocida relación riesgo-beneficio, y de la existencia de tratamientos probados y eficaces
• Contradicciones entre Presidencia y Ministerio de Salud, en cuanto al carácter de la inoculación
• Exención del Ministerio de Salud mediante una Decisión Administrativa del cumplimiento del Reglamento de Compras y Contrataciones del Estado, respecto de los Decretos 436/2000 y 1023/2001, que son normas jerárquicamente superiores
• Numerosas y gravísimas irregularidades auditadas por la AGN en compras de insumos y en contrataciones para hacer supuestamente frente a la llamada pandemia (Cf. Informes independientes de la AGN)
• Desconocimiento por parte del Ministerio de salud (dicho públicamente en la Audiencia Informativa de Mar del Plata, Juzgado Federal nº 4), de las estadísticas mundiales (VAERS, EUROMOMO) de efectos adversos que incluyen muertes por el inóculo
• Imposición de pases sanitarios atados al cumplimiento de la inoculación para ejercer los derechos más elementales vertidos en nuestra Constitución Nacional
• Atropello de la Constitución Nacional y de las Constituciones Provinciales, y por tanto de Tratados internacionales, llevando a un retroceso de más de 100 años en el respecto de Derechos humanos de primera generación (libertades respecto de la esclavitud), y afectando, de suyo, a los de segunda (socioeconómicos, respecto de la explotación) y de tercera generación (culturales, respecto del autonomía)
La respuesta de Uds. como representantes, fue hasta ahora el silencio o el aval de estas medidas, que rememoran al terrorismo de Estado, dado el pánico innecesariamente creado y las manipulaciones, consecuencias evitables y hasta asesinatos en nombre de un problema cuya extensión y gravedad se exageró hasta el hartazgo y el ridículo.
Por tanto, formando parte de una ciudadanía consciente de todo este accionar y de su objetivo, (sometimiento, despoblación y otras perversiones), no encontramos otra salida que peticionarles el rechazo del DNU de referencia, o, por el contrario, asuman el desafío a la sociedad soberana que podrá adoptar la desobediencia civil en legítima y última defensa, frente al insólito avasallamiento de su dignidad por parte de quienes se consagraron para preservarla.
A estos fines, requerimos de Uds. una urgente respuesta acorde a la Ley 27.275 de Información Pública, reservando derechos para las actuaciones correspondientes en caso de no ejercer la Misión y las Funciones que constitucionalmente les competen.
Dejamos constancia de que la presente es una extensión de la ya enviada el 31-12-2022.
Saludamos a Uds. muy atentamente.

Mario Borini

Ana Davérède

Eduardo Yahbes

Marcela Witt 20695496

Gabriela Barnes 18597112

Mariana Salmerón 23932625

Mariano Arriaga 16765 594

Alfredo Kinbaum 17331316

Enrique Ferracani 8037961

Alberto Maillie 11500535

Tomás Torres 8598334

Alicia Torres 6396503

Juan Garberi 11000796

Luis Mario Fernández 11125491

Lucía Scrimini 5909185

Alicia Lanfre 5266343

Gustavo Fano 16945640

María Asunción Mazza 11360030

María Mercedes Restovich 24942929

Liliana Szabo 11912668

Marcela Sangorrin 17338088

Alicia Cristina Nachiornuk 17298189

Haydee Torquillo 6197680

Daniel Raúl Santa Cruz 12447762

Jorge Antonio Termini 16264787

Florencia Yahbes 20696285

Leonardo Spagnolo 20965818

Eduardo Medina 21585460

Noemí Bonardi 6656328

Susana Lanfre 5915256

Diana Rodríguez 21131062

Sebastián Moradas 26130203

Marcelo Segovia 4550572

Agustina Segovia 34283798

Marcelo Parmet 23376100

Inés Schwalbe 10702093

Natalia Larre 25146358

Cecilia Alcala 12497672

Alberto Locher 10924873

Ambrosio Cataño 11186423

Mónica Graciela Miracola 16768470

María Verónica Etchebarne 16858314

Graciela Conti 12785196

Liliana Guzmán 18786792

José Guzmán 19006064

María Gauna 22031305

Daniel Babich 29338601

Julio Lemos 10108047

María Agustina Vivalda Sola 27711722

Alejandro Antonovich 11677659

Rubén Seijas 7837299

Héctor Cavalli 4433476

Verónica del Valle Castro 27214 595

Rafael Guillén 16085614

Susana Cecconi 16581341

Ana Law 92522654

Marina Vasone 11837855

María de Luján Torre 13515647

Cristina Álvarez 11409510

María Duarte 27008893

Silvia Pandullo 18205470

María del Campo 15073221

Elida Distéfano 14087544

Emilio Marínic 10255661

María Pozo 28985756

María de los Ángeles Pozo 34 179609

María de las Mercedes Pozo 33284873

María José Pozo 27311135

María Nicoletti 18360014

Raquel Morsán 16370551

María Villanueva 5961227

Julio Antonio Shiira 7800612

Stella Maris Battista 14679267

Irma Gomez 14885132

Luis Marcelo Climente 14 676018

María Carmen Rubis 6.689.352

María Inés Bautista, 14676018

Elisa Osti  22067516

Juan Carlos M. Garberi 11000796

Iris Nancy Gauna   18429591

Amalia Anselma 10.061.499

Sebastián Ferreyra Audisio 27.079.685

Noelia Muné 31.815.519

Marisa Orellana  17493668

Eduardo Fernando Guidotti 12646997

Natacha Iglesias 22721587

Gabriela Alfonzo 13746012

Sabrina Noel Ascó 32099049

Mara Elizabeth Imfeld 17150616

Adriana Graciela Rodríguez  11.450.262

Graciela Robles Gorriti 2.616.116

Maria Antonia Giustozzi  10124780

Flavia Silvana Ochoa  30645174

Marisa Virginia Vizioli 12.861.649

Martin Fourcaud  18455896

Krawec Ana Maria  10827258

Mabel Bullard  6534165

Rosa del Carmen Pérez 6689329.

Fabiana Elizabeth Aranda 26203876

Patricia Viviana Insaurralde 23242796

Gabriela Dakoff 18184559

Veronica Adela Ayerza 21486889

Mónica Beatriz de Lera  6038702

María Nafría  12159267

Silvia Laura Casco 12022342

Elsa Angela Bogani Gustavo  González.   12946643

Mónica Graciela Miracola  16768470.

Paula Lorena Comerio 18.373.931.

Franco Carolina 94.594.646

Hector Favio Zerpa 18019713

Arnoldo Manuel Berro 17044157

Alfredo Ricardo Saracini 14.315.799

Alejandra Cecilia Stroppolo 21109577

Andrea Lucia Güidi 23986874

Bedonetti Mariana 31421832

Vanina Belen Franco 95103210

Sergio Gustavo Piaggio 21.971.684

Oscar Alfredo Di Vincensi  20194818

Mariana Molina 25322594

Carolina Bellucci 20.470.457

María Alejandra Schonfeld 21995424

Pena Josefa Amalia 12744465

Marisa Virginia Vizioli 12.861.649

Elsa Varela  3864490

Mónica Beatriz Garay 14.188.125

Gladys Alejandra Rivarola Arce  29982609

Fernando Alberto Courreges 11988298.

Norma Santos  14.431.399

Lidia Eva Di Nenno 5928121

Matias Duarte 32180703

Esperanza Viviana 13888540

Burda Vicente 833494 Mónica García de Vinuesa 6709724

Samuel Puricelli 18669728

Ana María Guadalupe Cobas 20.984.152.

Claudio José Cobas 34.042.300

Francisco Javier Fernández 37.469.269.

Iris Ríos 16.697.572

Alegre Patricia Noemi  20326249

Teresa Elena Hernandez  4.503.037

Alicia Beatriz Gallardo 13.479.945

Nancy Tamborini  21.384.814

Angélica Eufrasia Nieve  17.502.559

Carlos Hugo Barbieri 8.189.482

María Angélica Justo   6.672.661

ileana Falconat 25189137

Roberto Sergio Giudici 12.441.936

Daniel Matta 17.981.440

Miriam Miguez  11.987.014

Pablo Alejandro Margenet 20.695.965

Florencia Marina Tripicchio 39276888

Angela Baliero  30537247

Albana Noelia De Maio 25943207

Stella Maris Alejandre 20603468

Damián Alberto Pedraza 29.175.621

Estela María Méndez Sanz 14352380

Ana Luisa Cañada Taborda 14303185

Bruno Román Coronel 14283542

Beatriz Duran 23008597

Pablo Mauricio Reinoso 35198085

Christian Martín Bianchi 21706697

Fabio Emeterio Abraham 29367281

Javier Eduardo Cingolani 24093148

Jorge Adrián Faure 23300017

Juan Bautista Gómez 27299311

Mónica Bonzini 14148899

Yolanda Vera 17402099

Paola Tejerina 24464774

Karina Cabezas 27056949

Eva Teresa Onopreichuk  5147076

Marta Elena Vocal 26928104

Zulma González 12963152

María Alejandra Gauna 22031305

Lisa Otero 6046178

Judith Fernández 13549552

Raúl Lanzellotti 16206550

Gabriela Guaniz 22121708

Maria de los Angeles Damico 6651222

Emilio Fromme 5070516

Héctor Martín Albera 22022273

María Itatí Romeggio 12699408

Silvia Pastrana 22785891

Cristian Ricardo Lastre 28134385

Verónica Garay 24999107

Mariana Laura Mestre 25215390

Susana Cohen 10678261

Inés Gerulla 13540810

Elsa Bogani 12021514

Romina Orquera 25558306

Graciela Inostroza  20211306

Ornella Oppedisano Gracioso  42.673.685

Franco D’ Angelis  43.326.352

Nicolás Freddi 35.180.697

María Angélica Justo 6672661

Norma Diana Groisman 5429566

Maria Macri 12163978

Héctor Daniel Amaya 17116480

Alejandra Lambertini 27872143

Ruben Belmont 8612344

Alberto Castro 10964505

Fuente: Ciencia y salud natural

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SOCIEDAD

El fiscal Rondón renunció al MPA y el fiscal Ríos ha manifestado verbalmente su intención de renunciar, pero no lo hizo por escrito

Foto: El fiscal Rondón renunció al MPA y el fiscal Ríos ha manifestado verbalmente su intención de renunciar, pero no lo hizo por escrito

En un comunicado oficial de prensa, el Ministerio Público de la Acusación informó a la comunidad que, en virtud de publicaciones recientes en diversos medios digitales, resulta necesario aclarar lo siguiente:

1. El Dr. Walter Hugo Rondón ha presentado su renuncia al cargo por motivos de índole personal y familiar, la cual ha sido aceptada por la Procuración General.

2. El Dr. Rodrigo Gabriel Fernández Ríos ha manifestado verbalmente su intención de renunciar. No obstante, se le ha indicado que, para su tratamiento formal, debe presentar su dimisión por escrito, trámite que hasta la fecha no ha realizado.
Asimismo, se informa que el desempeño del Dr. Fernández Ríos se encuentra sujeto a un proceso disciplinario por parte de la Auditoría General del Ministerio Público de la Acusación, en el marco del control del cumplimiento de sus deberes y obligaciones funcionales en todas las causas en las que intervino como Fiscal de Investigación Penal Preparatoria y ante los Tribunales en lo Criminal. En consecuencia, cualquier renuncia que pudiera presentar será analizada a la luz de los resultados de dicho procedimiento y conforme a la normativa vigente.

San Salvador de Jujuy, 21 de febrero de 2025

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POLITICA

Albizo sobre el transporte: “Yo no quiero un muerto, no sé si los funcionarios sí”

Foto: Albizo Cazón
El líder de la Coalición Cívica ARI, *Lic. José María Albizo Cazón*, anunció que requerirá se realicen inspecciones laborales e inspecciones técnico-mecánicas al Servicio del Transporte Público de Pasajeros. Así mismo, advirtió se presentará una denuncia penal contra la Secretaria de Servicios Públicos del Municipio de San Salvador de Jujuy, por incumplimientos en el Pliego de Bases y Condiciones del Transporte.
El Lic. Albizo Cazón apuntó contra las empresas Santa Ana S.R.L., Unión Bus LTDA, El Urbano S.R.L., San Jorge S.A. y Colón S.R.L., resultando el pedido extensivo a las empresas PAL-BUS y General Savio S.R.L.; y demás empresas que orbiten la faz del transporte de pasajeros. El joven político advierte que choferes se encuentran con falta de ART, obra social, irregularidades en los aportes previsionales, falta de pago de sueldos -incluido aguinaldo-, no reconocimiento de partes médicos; y fuera de como ha venido denunciando, de que las empresas le hacen pagar a los choferes los arreglos de las unidades, estos se encuentran enfrentando retención de haberes, suspensiones y despidos.
En conceptos de trabajo, expuso el ingreso de un pedido de inspecciones laborales ante la Secretaría de Trabajo del Gobierno de Jujuy, repudiando, no obstante, fue el propio Director de Trabajo, Dr. Carlos Coronel, quien bloqueó el reconocimiento de deuda y la actualización de sueldos de los choferes conforme FATAP. _“De no actuar para bregar por la mejora de la situación de los trabajadores, en tanto hay laburantes que llevan más de tres meses sin cobrar, también lo vamos a denunciar”_, se despachó el Pdte. de la Coalición Cívica ARI.
Por otra parte, conforme TITULO II APARTADO III del Pliego de Bases y Condiciones del Servicio del Transporte Público de Pasajeros, denuncia se prevé que _“[…] la antigüedad mínima al momento de la oferta para el parque automotor no podrá superar un promedio de siete (7) años, dejando establecido que la antigüedad máxima permitida será de diez (10) años […]”_, lo cual el Lic. Albizo Cazón sentencia es flagrantemente incumplido por cuanto tienen registros de unidades como ser: KHR 905, KHR 903, KHR 906, IDQ 504, KON 182, KON 186, MRT 232, ISD 990, entre otras que se encuentran en circulación y responden a los años: 2009, 2010 y 2011.
_“Yo no quiero un muerto, no sé si los funcionarios sí”_, disparó el líder de la CC-ARI.

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SOCIEDAD

Hay escuelas que aún no han tenido mantenimiento escolar y preocupa a los padres

Foto: Hay escuelas que aún no han tenido mantenimiento escolar y preocupa a los padres. Escuela Normal

Días atrás nuestro medio recibió las imágenes de parte de un techo de la escuela Normal de San Salvador de Jujuy, dónde se observaba la rotura del mismo y cómo la lluvia ingresaba al establecimiento educativo.

Por ello, los padres se mostraron preocupados, ante un anuncio de inicio de clases para el 5 de marzo.

El mantenimiento de las escuelas, fue publicado por la página oficial del gobierno de la provincia, pero algunas imágenes, dan cuenta que el recorrido es lento hasta la fecha.

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