dirigentes sociales y piqueteros contra las personas vulnerables que dicen defender. Se quedaban con parte del dinero que cobraban por parte del Estado. Les exigían asistir a movilizaciones o repartir volantes de candidatos oficialistas.
La causa judicial que dejó al descubierto las maniobras impúdicas, extorsivas y esclavizantes, que realizaron contra los sectores más pobres de la Argentina dirigentes piqueteros que forman parte del Polo Obrero y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), y representantes sociales que responden políticamente a organizaciones que formaron parte del gobierno de Alberto Fernández, y ahora del gobernador Axel Kicillof, como Barrios de Pie; iluminó lo que estaba en penumbras.
En los fundamentos de la fiscalía para solicitar las detenciones allanamientos e indagatorias Pollicita destaca “la gravedad institucional que revisten los hechos investigados, por cuanto se habría comprobado que una porción de los fondos públicos que el Estado Nacional asignaba para la asistencia social fueron desviados del destino presupuestario que les correspondía y, en vez de aplicarse a la ayuda de las personas de alta vulnerabilidad social, fueron utilizados como vehículo coactivo por parte de los aquí acusados quienes, a la hora de transmitir a las víctimas sus exigencias coactivas y extorsivas, paradójicamente invocaban como consigna precisamente la ‘lucha’ en defensa de los más necesitados; pero en los hechos obtuvieron un lucro indebido a costa de dichas necesidades”.
Lo que se conocía pero se barría bajo la alfombra. Lo que la propia justicia investigó en decenas de expedientes pero no avanzaron. Lo que las autoridades deberían conocer pero no lo denunciaron porque les era funcional o alentaban. Lo que expondría la pesquisa del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Sebastián Casanello, no se podrían haber realizado si detrás de las maniobras no había dirigentes que estaban de los “dos lados del mostrador”, es decir, por un lado, entregaban a través del Estado, en este caso del Ministerio de Desarrollo Social, planes sociales, como el Potenciar Trabajo, y alimentos, comida, a los sectores más vulnerables; y por el otro, ellos mismos los recibían y administraban desde las cooperativas, comedores y merenderos que formaban parte de esas organizaciones y movimientos sociales que, además, formaban parte de partidos políticos como el Frente de Todos -devenido en Unión por la Patria-, y por el otro lado, el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad.
Si esta fuera una obra de teatro, estaría compuesta de al menos dos actos: en el primero, toman protagonismos los actores principales, los que, al menos por ahora, no están nombrados en las actuaciones judiciales. Ni magistrado, fiscal ni testigos, los han mencionado. Por ahora.
Cada uno tiene peso propio y son las cabezas de cada una de las organizaciones mencionadas o que no fueron nombradas pero formaron parte del manejo multimillonario que el gobierno Fernández destino a los programas sociales, de los cuales hizo su bandera y que administró a través de sus tres ministros de Desarrollo Social: Daniel Arroyo, Juan Zabaleta y Victoria Tolosa Paz.
Reforma Laboral: “el Gobierno viene a darle libertad a las partes para que puedan encontrar esa mejora mutua
Foto: Reforma Laboral,“el Gobierno viene a darle libertad a las partes para que puedan encontrar esa mejora mutua
Federico Sturzenegger y Julio Cordero brindaron detalles del decreto que se consensuó con empresarios y sindicalistas y que, afirmaron, precisa los alcances de “una modernización de las leyes laborales que es histórica en la Argentina”.
Con el decreto reglamentario de la reforma laboral, que se publicó en el Boletín Oficial, el Gobierno dio un paso fundamental para concretar “una modernización histórica de las leyes laborales en la Argentina”, pero, además, lo significativo es que la letra chica de la Ley Bases fue el resultado del consenso con empresarios y sindicalistas, logrado tras semanas de negociaciones.
El concepto de “modernización histórica” le pertenece al secretario de Trabajo, Julio Cordero, quien, junto con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, habló con tres medios nacionales -entre los que estaba Infobae- para dar precisiones sobre el decreto que reglamenta los 17 artículos del capítulo laboral al que apuesta el gobierno de Javier Milei para bajar los índices de trabajo no registrado (cercanos al 50%) y ayudar a la generación de empleo genuino.
“El Presidente nos pidió una reforma laboral donde ganen los empresarios y los trabajadores”, dijo Sturzenegger acerca de uno de los puntos de la Ley Bases que más entusiasma a la Casa Rosada: la posibilidad de que las dos partes de una relación laboral acuerden dentro de los convenios colectivos de trabajo un sistema indemnizatoriodistinto al actual, de manera voluntaria. Según el ministro, “el Gobierno viene a darle libertad a las partes para que puedan encontrar esa mejora mutua”.
En el decreto 847/2024 publicado este jueves, se establece: “Apruébase la Reglamentación de los artículos 76 a 81 del TÍTULO IV – Promoción del empleo registrado- de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos N° 27.742, que como ANEXO I”, además de la aprobación de los “artículos 82 a 98 del TÍTULO V – Modernización laboral”.
A continuación, los principales puntos del decreto reglamentario bajo la lupa de Sturzenegger, Cordero y del secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña:
Blanqueo laboral
El artículo 76 de la Ley Bases dispone un blanqueo de empleados no registrados o sub-registrados hasta la fecha de aprobación de la norma y, además, prevé condonar deudas por aportes y contribuciones,multa o sanción prevista en las leyes laborales.
Establece la eliminación del padrón de incumplidores si se regularizan todas las faltas y se condona la deuda de capital e intereses por el pago de contribuciones y aportes patronales. Varía de acuerdo al tamaño de la empresa: las micro y pequeñas sólo pagarán el 10%; las medianas, el 20%, y el resto, el 30%. Si el pago es de contado hay 50% de descuento. Si no, un plan de pagos que publicará la AFIP.
No hay condonación de las deudas por alícuotas especiales en los regímenes previsionales diferenciales ni aquellas que se originaron por procedimientos preventivos de crisis (artículo 223 de la Ley de Contrato de Trabajo) donde se hayan detectado irregularidades.
En este punto no está incluido el sector público ni el personal de trabajo en casas particulares.
“Este artículo no tuvo una modificación importante en la reglamentación -destacó Cordero-. Las multas derogan un desvío jurisprudencial y legislativo que nació hace mucho tiempo y que lo que hacía era generar un incremento indemnizatorio en una supuesta mala registración del empleo”.
Para Sturzenegger, en este punto se había legislado “para que los trabajadores sean registrados y se impuso un castigo a aquel que no estaba registrado formalmente para que todo el mundo lo hiciera”, pero -resaltó- “el resultado es que, 30 años después, tenemos el 50% de la gente en la informalidad”. “No sé por qué, pero no funcionó y al final terminó siendo como un incentivo, un premio a la informalidad, no a la formalidad -consideró-. En este tema no hay buenos ni malos”.
Fariña recordó que pueden blanquearse una relación laboral no registrada o mal registrada y precisó que en la reglamentación se fijan los porcentajes de condonación de las deudas originadas en la falta de pago de aportes y contribuciones para la seguridad social: “Se hace una diferenciación según el tamaño de la empresa. En las empresas micro y pequeñas empresas, el 90% de la deuda que se estime va a estar condonada; en las medianas pasa a ser el 80% y en las grandes, el 70%. Será un incentivo muy fuerte para que todo este grupo de trabajadores informales pase a la formalidad”.
Simplificación del registro laboral
Para Sturzenegger y Cordero, el blanqueo laboral está vinculado con la simplificación del registro laboral. “Son como hermanos mellizos. Tenemos que tratar de facilitar la registración para fortalecer la formalidad”, apuntó el ministro de Desregulación y Transformación del Estado. En ese sentido, se redujo la cantidad de datos para registrar a un trabajador y darlo de alta.
“Hay toda una agenda de simplificación desarrollada junto con la AFIP para que cada vez sea más simple este proceso de registración”, afirmó Fariña, mientras que Sturzenegger brindó un detalle: “Pasamos de 22 datos que se pedían para registrar a un trabajador a solamente 7″.
Bloqueos sindicales
Los funcionarios admitieron que fue el artículo 94 fue el más difícil de reglamentar: es el que califica como grave injuria laboral la participación activa en bloqueos o tomas de establecimiento y, por lo tanto, se convierte en causal de despido justificado. Los empresarios pidieron mantener el sesgo duro de ese punto, mientras que la CGT propuso atenuarlo en la reglamentación mediante un procedimiento previo que obligaba al empleador a ir a la Justicia para despedir a un “bloqueador”.
Sturzenegger dijo que “la redacción que hizo el Congreso es fuertísima porque habla de bloqueo total o parcial”, algo que puede generar “un cierto halo de discrecionalidad” para determinar los alcances de una protesta. Pero no hubo acuerdo entre las partes cuando se quiso avanzar en la letra chica y la CGT insistió en “suavizar” el artículo con una fórmula “contraria al espíritu del Congreso” al sancionar ese punto. Por eso, finalmente, el Gobierno decidió no reglamentar el polémico artículo.
“Pero una cosa es que haya quedado sin reglamentar y otra, como sucedió en este caso, es que se haya tomado la decisión de respetar el espíritu de la norma original”, aclaró Cordero. Y relativizó la posibilidad de que la no reglamentación favorezca la judicialización de los bloqueos sindicales: “Creo que en la práctica no va a suceder. Si yo fuera empleadortomaría los recaudos clarísimos para probar que hubo un bloqueo, que intimé y que la persona no se corrió. No me animaría a fotografiar a personas paradas delante de una puerta, despedir a todos e ir a un juez con una foto. No creo que se judicialice, más allá de que ese artículo es contundente porque dice que no se puede bloquear”.
¿La no reglamentación del artículo “anti-bloqueos” conforma a la CGT? El secretario de Trabajo respondió: “Nos parece una solución muy moderada, pero supongamos que no conforme a la CGT: la ley es una decisión del Congreso. En el Gobierno había intención de contemplar la posición de las partes, aunque no hay cosa más neutral que decir: son las palabras del Congreso Nacional”.
Trabajadores independientes con colaboradores
Otro de los artículos objetados por la CGT es el 97, que crea la figura del trabajador independiente que podrá tener a su cargo hasta otros 3 trabajadores independientes para llevar adelante un emprendimiento productivo. El nuevo régimen, establece la ley, “estará basado en la relación autónoma, sin que exista vínculo de dependencia entre ellos, ni con las personas contratantes de los servicios u obras”. Para los sindicalistas, era una invitación a precarizar el trabajo, aunque Cordero defendió en su momento esa figura que crea la Ley Bases porque es “muy útil y muy sana para generar trabajo” e incluso consideró que “la propia Corte tiene dicho que el trabajador autónomo existe y (en la ley) se deja perfectamente claro que se trata de trabajadores independientes”.
Ahora, al referirse a la reglamentación, el secretario de Trabajo sostuvo que la redacción del decreto “dejó tranquila a la CGT porque finalmente se basó en el régimen del monotributo y del autónomo” y reconoció que “la preocupación que ellos tenían era que no se creara una figura nueva que pudiera ser un fraude a la ley”, aunque, añadió, “las normas que están puestas en la ley son bastante claras”. Destacó que “inclusive se terminó incorporando algo muy novedoso, pero que es de la doctrina, que es que no tienen que estar las características de la relación de dependencia”.
Aunque los sindicalistas querían que la figura de trabajador independientes con colaboradores se limitara a determinadas actividades, Cordero puntualizó que “el propio artículo, que es razonable, dice que no se puede usar fraudulentamente y que no se puede incorporar a procesos de producción que sean mayores, y permitirá que gente que hoy es informal pueda sentirse parte de un sistema social, con los mismos aportes del monotributo o de los autónomos”.
Fondo de cese
El artículo 96 de la Ley Bases es quizá el corazón de la reforma laboral libertaria: la creación de un sistema indemnizatorio distinto para los nuevos trabajadores estuvo en la mira de Milei desde que en septiembre de 2023 se reunió en secreto con el líder de la UOCRA, Gerardo Martínez, para que le brinde detalles sobre el Fondo de Cese Laboral que rige en la industria de la construcción.
¿Qué dice este artículo de la reforma laboral? “Mediante convenio colectivo de trabajo, las partes podrán sustituir la indemnización prevista en el artículo 245 de la ley 20.744 por un fondo o sistema de cese laboral conforme los parámetros que disponga el Poder Ejecutivo nacional. Los empleadores podrán optar por contratar un sistema privado a su costo a fin de solventar la indemnización prevista en el presente artículo y/o la suma que libremente se pacte entre las partes para el supuesto de desvinculación por mutuo acuerdo conforme artículo 241 de la ley 20.744. En todos los casos, las empresas podrán auto-asegurarse en el sistema que se defina”.
La clave de esta innovación en materia laboral de la Ley Bases que permitió superar el estricto filtro de la CGT es que se trata de un sistema optativo que se pacta entre empresarios y sindicalistas en los convenios colectivos de trabajo, y, aún así, es de adhesión voluntaria y también permite que los trabajadores no lo acepten y se mantengan dentro del régimen indemnizatorio vigente.
Cuando habló sobre este tema, Sturzenegger se mostró particularmente entusiasmado por su instrumentación: “Es un artículo muy importante porque le permite tanto a los trabajadores como a los empresarios redefinir la naturaleza de la relación laboral en todo lo que atañe a la indemnización, uno de los puntos clave de la incertidumbre laboral y del costo laboral en la Argentina”.
Y agregó: “El Presidente nos dijo algo muy sencillo: ‘Miren muchachos, acá siempre hubo una suerte de dicotomía de que la reforma laboral es pro-empresas o pro-trabajador. En la política, si uno gana el poder, el otro lo pierde. Esa una visión totalmente ajena a la del economista, que piensa que cuando se transacciona voluntariamente es porque los dos ganan. Y nosotros tenemos que permitir que la gente transaccione en libertad para encontrar una alternativa que los favorezca a ambos’. Por eso Milei nos pidió armar una reforma laboral donde los dos ganen, tanto las empresas como el trabajador”.
El ministro de Desregulación dijo que ese fue el eje con el que se diseñó la reforma laboral y que, en el caso del fondo de cese, tuvo en cuenta que “sólo puede irse hacia adelante si es beneficioso para ambos sectores”. Por eso coincidieron que en que no se “iba a escribir” porque hay empresas chicas y grandes, que se desempeñan en distintas regiones del país y algunas tienen mayores niveles de despido y otras, muy bajos. “Como nosotros no conocemos nada de todo eso ni la riqueza y las peculiaridades de cada sector, vamos a dejar que el convenio colectivo defina un mecanismo superador al régimen indemnizatorio y el Gobierno no hace nada, sólo da libertad para que lo hagan”.
Según Sturzenegger, “la única condición que es clave es que no se trata de una imposición de las cúpulas” y precisó que “si dejamos que los negociadores del convenio le impongan algo a los trabajadores y a las empresas lo primero que van a decir es ‘te voy a cobrar un 0,5% de aporte para manejarte este sistema y armar un esquema en el que todos tienen que poner plata’”. Por eso, señaló, “si no le conviene, el trabajador puede no participar y seguir dentro de la Ley de Contrato de Trabajo. Lo mismo puede hacer la empresa. Tiene que ser de mutuo acuerdo y esa es la garantía que tenemos de que los de arriba van a esforzarse para armar un sistema que beneficie a los de abajo”.
En ese sentido, el ministro hizo hincapié en que “la reglamentación es totalmente libre” y que solamente incluye “una serie de pautas, pero a modo de sugerencias”. Uno es el sistema de pago individual, en donde la empresa sigue pagando las indemnizaciones como hoy, pero lo único que hace el sistema de cese es definir qué es un despido correcto, con causa o sin causa, es decir, define los parámetros de la relación laboral”. Otra posibilidad es el Fondo de Cese Laboral como el de la UOCRA, donde el aporte a una cuenta individual puede ser del empresario o del trabajador, o puede ser un fondo de cese solidario, “complicado porque el costo de la indemnización lo va a pagar el sistema”. La tercera opción es un esquema con compañías de seguro, también individual o solidario. “Está abierto a lo que las dos partes puedan inventar -resaltó Sturzenegger-. Pero si hay plata involucrada será a través de algunos instrumentos que definió el Banco Central. La idea es que el sistema por crearse no pueda tocar la plata. Hay libertad absoluta, pero con estas restricciones para asegurarnos de que lo acordado sea en beneficio de las empresas y de los trabajadores”.
Para Cordero, este artículo es “muy novedoso en el Derecho del Trabajo y es algo propio de este gobierno: la libertad de la persona individual en el contrato de trabajo con la protección del convenio colectivo”. “Va a ser muy interesante ver a economistas y abogados trabajando en conjunto, donde nosotros, desde la Secretaría de Trabajo, estaremos a disposición para ayudarlos si es que lo necesitan, incluso con mesas de diálogo. Eso es el Estado al servicio de la gente”, concluyó.
Jujuy, empezará a cobrar la atención en salud a los extranjeros
Foto: Jujuy, empezará a cobrar la atención en salud a los extranjeros
El gobierno de Jujuy implementará un seguro de salud destinado a los extranjeros que busquen atención médica en la provincia. Esta medida surge de una ley aprobada en 2019, cuya reciente reglamentación establece un nomenclador con los montos que se cobrarán a los extranjeros por los distintos servicios médicos ofrecidos en el sistema de salud jujeño.
El objetivo de la ley es ordenar y regular el acceso a la salud en la provincia, garantizando la sostenibilidad del sistema público y asegurando que los recursos disponibles sean gestionados de manera eficiente. Según uno de los legisladores, esta medida no afectará la atención en casos de urgencia, ya que el sistema médico provincial seguirá brindando asistencia en situaciones críticas sin importar la nacionalidad del paciente. Sin embargo, el funcionario destacó que existen diferencias significativas en la atención que reciben los ciudadanos argentinos en otros países vecinos, como Bolivia. “Es frecuente escuchar noticias sobre las dificultades que enfrentan los argentinos al acceder a los servicios de salud en Bolivia”, afirmó, haciendo énfasis en la disparidad en el trato que reciben los ciudadanos según su país de origen.
La reglamentación de esta ley proporciona una herramienta legal y financiera al gobierno provincial para asegurar la prestación adecuada de los servicios de salud. Además, permite ordenar el sistema sanitario en un contexto donde la demanda por parte de extranjeros ha aumentado. El legislador Jubert anticipó que, una vez promulgada, la ley será implementada por el Ministerio de Salud, bajo la supervisión del Gobernador. Con esta medida, se busca equilibrar el acceso a los recursos de salud y garantizar su disponibilidad para los residentes de la provincia.
El legislador Jubert, indicó que la atención en los hospitales jujeños, se a duplicado y triplicado en algunos sectores tras las medidas tomadas por la provincia de Salta. El otro punto señalado es que en muchas circunstancias, Bolivia no está cumpliendo con la reciprocidad firmada entre las partes. Por ello, se están definiendo medidas que aporten un avance en ésta temática.
Tras los paros salvajes, Aerolíneas Argentinas demandará a los gremios aeronáuticos y buscará expulsar a Biró de su directorio
Foto: Tras los paros salvajes, Aerolíneas Argentinas demandará a los gremios aeronáuticos y buscará expulsar a Biró de su directorio
La línea aérea demandará a los gremios de pilotos y tripulantes por daños estimados en más de 2 millones de dólares tras el conflicto de las últimas semanas. También apuntan a Juan Pablo Brey de aeronavegantes.
La compañía indicó que, además de la demanda por el lucro cesante y los reclamos de los pasajeros perjudicados, se denunciará a los principales representantes sindicales. Entre ellos, Pablo Biró, secretario general de APLA, y Juan Pablo Brey, líder de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA).
Aerolíneas Argentinas también anunció que iniciará acciones legales para expulsar a Biró de su directorio, argumentando que su accionar público y gremial ha sido desleal y en detrimento de los intereses de la empresa. La acción se basa en el artículo 59 de la Ley General de Sociedades, que estipula la responsabilidad ilimitada de los directores por los daños ocasionados a la compañía.
Acerca de la iniciativa, el presidente de la compañía aérea, Fabián Lombardo, explicó que se trata de un trámite burocrático a pedido de la Secretaría de Transporte, que es el accionista mayoritario de la empresa, y que para comenzarlo hay que llamar a una asamblea. “Ese proceso ya lo estamos iniciando”, dijo en diálogo con Radio La Red.
Con respecto a su postura frente a la expulsión, agregó: “Es muy difícil cuando vos tenés una persona que te hace este tipo de actos que perjudican a la empresa y que lo tengas tomando decisiones con el resto de los directores. Hay una parte que no funciona”.
Por otro lado, la aerolínea ha aplicado descuentos salariales a más de 400 empleados, entre pilotos y tripulantes, por incumplir con sus tareas durante las jornadas de protesta. Los descuentos oscilan entre los 150 mil pesos por día para pilotos y 50 mil pesos por día para tripulantes.
La protesta gremial del pasado 6 de septiembre, liderada por APLA, afectó a más de 15 mil pasajeros y resultó en la cancelación de 185 vuelos en los aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque. El paro, de nueve horas de duración, fue realizado en reclamo de una recomposición salarial. La medida obligó a la compañía a reorganizar su operación y ofrecer cambios de tickets sin penalidades para los pasajeros afectados.
En respuesta a la huelga, Fabián Lombardo calificó la acción sindical como “salvaje”, subrayando que los gremios “no han entendido que la Argentina ha cambiado”. Sin embargo, desde APLA, Pablo Biró ha sostenido que las propuestas salariales ofrecidas por la empresa fueron “provocativas” y “insuficientes”, justificando así la medida de fuerza.
Mientras las negociaciones salariales siguen sin avances, Aerolíneas Argentinas ha reiterado su compromiso de evitar más interrupciones en su servicio y advirtió que continuará denunciando cualquier medida gremial que afecte sus operaciones.
Quién es Pablo Biró
Biró, el líder sindical que es principal responsable de los daños según la visión de la empresa, es eltitular de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA). Es descripto como un dirigente alineado con el ultrakircherismo y de perfil polémico. Supo advertir en público a Javier Milei que “si se quiere cargar a Aerolíneas, nos van a tener que matar”.
Biró es un claro opositor a Milei como lo había sido de Macri, a quienes ataca por la política de “cielos abiertos” que facilita el acceso de aerolíneas extranjeras al mercado argentino, pero su discurso y su estrategia están condicionadas por su fuerte adhesión a la figura de Cristina Kirchner.
Es cuarta generación de una familia de pilotos, fue de parte de la primera promoción del Liceo Aeronáutico Militar de Fisherton, en Santa Fe, y cuando se graduó fue destinado a LADE (Líneas Aéreas del Estado), en Comodoro Rivadavia, luego trabajó en Aero Master, que hacía taxi aéreo, y cuando esa empresa quebró lo llamaron de LAPA: “Allí empecé a rosquear políticamente”, admitió.
Biró lidera un gremio de pocos afiliados (unos 1.800) desde 2012, cuando triunfó en las elecciones ante el moyanista Jorge Pérez Tamayo, a quien había secundado como secretario adjunto hasta que decidió pelearle el puesto. En 2015, ya embanderado en el kirchnerismo, fue reelegido al ganarle por 33 votos los comicios del sindicato a su hermano Daniel, cuya candidatura promovía Hugo Moyano.
En 2022, luego de la fusión de APLA con UALA (que agrupaba a los pilotos de Austral), fue ratificado en el cargo cuando le ganó en las elecciones ante Diego Pérez Bariggi, hijo de Pérez Tamayo. Al acto de asunción fueron altos exponentes del kirchnerismo como Axel Kicillof. Su mandato vencerá en 2026.
Antes de las elecciones de 2015, Biró logró que Daniel Scioli, candidato presidencial del Frente para la Victoria, aprobara su propuesta para reestructurar el mercado aerocomercial si llegaba al poder. El triunfo de Macri arruinó sus planes y fue un implacable opositor al gobierno de Cambiemos. Militaba en la Corriente Federal de Trabajadores, que también integra el bancario Sergio Palazzo, pero luego pasó al Núcleo Movimiento de Trabajadores Argentinos (MTA), piloteado por el kirchnerismo.
Apoyó luego al gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, con etapas de euforia oficialista como cuando se usaba Aerolíneas para traer vacunas contra el Covid desde Rusia. Biró fue el piloto de los primeros vuelos que viajaron a Moscú en busca de las dosis de Sputnik. “A Aerolíneas la creó Juan Domingo Perón, la recuperó Cristina Fernández y la está usando Alberto Fernández para traer salud. Para eso fue creada, para ponerse al servicio de los argentinos”, decía en esa época.
En esos mismos días de cuarentena obligatoria, Biró llegó a sostener: “Si dejamos de buscar la unidad para la Nación perdemos de vista el objetivo. Hoy, bancarlo a Alberto es una obligación moral”.
Luego de haber apoyado la candidatura presidencial de Sergio Massa, en sintonía con la decisión de su jefa política, Biró recobró protagonismo en noviembre pasado al advertirle a Milei que si quería “cargarse Aerolíneas Argentinas” iba a tener que “matar” a los trabajadores para lograrlo.
La fuerte polémica que originó su frase lo llevó a rectificarse: “Tuve una frase muy poco feliz que sacada de contexto caería muy mal, hasta a mí me cae mal. Tengo que empezar aclarando que Javier Milei ganó con el 55% de los votos en elecciones limpias, sin fraude”, sentenció.
Tras haber respaldado al gobierno del Frente de Todos, en enero pasado hizo declaraciones con cierta autocrítica: “Si el gobierno de Alberto hubiera sido bueno no estaríamos donde estamos”, dijo.
Juan Pablo Brey es el otro líder sindical apuntado por la empresa aérea. Es el secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes (AAA), de 2.200 afiliados, que agrupa a azafatas y comisarios de a bordo. Tiene 46 años, está alineado con el moyanismo y cobró notoriedad cuando el 12 de junio gestó la foto con el papa Francisco en el Vaticano que causó un fuerte impacto: posaron con una bandera de Aerolíneas en medio del debate sobre su privatización.
Brey, que llegó a su puesto en Aeronavegantes en 2013, es además secretario de Deportes de la CGT y titular de Prensa de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT). Como Pablo Moyano, integra el ala dura de la CGT, aunque muestra una vocación más dialoguista: En julio pasado le dijo a Infobae “Primero siempre hay que hablar, hay que negociar. Y cuando se rompe el diálogo tanto con el Gobierno como con las empresas de cada actividad hay que actuar y salir a la calle para usar las herramientas sindicales que tenemos, como el paro o la movilización.”
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