dirigentes sociales y piqueteros contra las personas vulnerables que dicen defender. Se quedaban con parte del dinero que cobraban por parte del Estado. Les exigían asistir a movilizaciones o repartir volantes de candidatos oficialistas.
La causa judicial que dejó al descubierto las maniobras impúdicas, extorsivas y esclavizantes, que realizaron contra los sectores más pobres de la Argentina dirigentes piqueteros que forman parte del Polo Obrero y el Frente de Organizaciones en Lucha (FOL), y representantes sociales que responden políticamente a organizaciones que formaron parte del gobierno de Alberto Fernández, y ahora del gobernador Axel Kicillof, como Barrios de Pie; iluminó lo que estaba en penumbras.
En los fundamentos de la fiscalía para solicitar las detenciones allanamientos e indagatorias Pollicita destaca “la gravedad institucional que revisten los hechos investigados, por cuanto se habría comprobado que una porción de los fondos públicos que el Estado Nacional asignaba para la asistencia social fueron desviados del destino presupuestario que les correspondía y, en vez de aplicarse a la ayuda de las personas de alta vulnerabilidad social, fueron utilizados como vehículo coactivo por parte de los aquí acusados quienes, a la hora de transmitir a las víctimas sus exigencias coactivas y extorsivas, paradójicamente invocaban como consigna precisamente la ‘lucha’ en defensa de los más necesitados; pero en los hechos obtuvieron un lucro indebido a costa de dichas necesidades”.
Lo que se conocía pero se barría bajo la alfombra. Lo que la propia justicia investigó en decenas de expedientes pero no avanzaron. Lo que las autoridades deberían conocer pero no lo denunciaron porque les era funcional o alentaban. Lo que expondría la pesquisa del fiscal Gerardo Pollicita y el juez Sebastián Casanello, no se podrían haber realizado si detrás de las maniobras no había dirigentes que estaban de los “dos lados del mostrador”, es decir, por un lado, entregaban a través del Estado, en este caso del Ministerio de Desarrollo Social, planes sociales, como el Potenciar Trabajo, y alimentos, comida, a los sectores más vulnerables; y por el otro, ellos mismos los recibían y administraban desde las cooperativas, comedores y merenderos que formaban parte de esas organizaciones y movimientos sociales que, además, formaban parte de partidos políticos como el Frente de Todos -devenido en Unión por la Patria-, y por el otro lado, el Frente de Izquierda y de Trabajadores Unidad.
Si esta fuera una obra de teatro, estaría compuesta de al menos dos actos: en el primero, toman protagonismos los actores principales, los que, al menos por ahora, no están nombrados en las actuaciones judiciales. Ni magistrado, fiscal ni testigos, los han mencionado. Por ahora.
Cada uno tiene peso propio y son las cabezas de cada una de las organizaciones mencionadas o que no fueron nombradas pero formaron parte del manejo multimillonario que el gobierno Fernández destino a los programas sociales, de los cuales hizo su bandera y que administró a través de sus tres ministros de Desarrollo Social: Daniel Arroyo, Juan Zabaleta y Victoria Tolosa Paz.
Fuente: Infobae
