Bajo la ley 6453, los legisladores de Jujuy aprobaron un proyecto que establece una modificación significativa en el acceso al sistema de salud público y gratuito de la provincia. Según esta ley, aquellos ciudadanos cuyo ingreso mensual no supere los dos salarios mínimos, vitales y móviles, es decir, menos de 540 mil pesos, estarán exentos de pagar cualquier tipo de contribución para acceder al sistema de salud pública. Sin embargo, para aquellos que ganen más de esa cantidad, se les exigirá el pago de un seguro de salud, cuyo costo ronda los 50 mil pesos. Esta medida establece al Instituto de Seguros de Jujuy como el órgano encargado de aplicar y gestionar este nuevo sistema de contribuciones.
La aprobación de esta ley ha generado un gran revuelo en la sociedad jujeña, ya que muchos ciudadanos no ven con buenos ojos la creación de una tarifa para el acceso a un servicio que históricamente ha sido gratuito y público. La decisión de exigir un seguro a aquellos con mayores ingresos ha sido interpretada por muchos como una carga adicional para un sector de la población que ya aporta significativamente a través de sus impuestos. Este tipo de políticas, que dividen el acceso al sistema de salud en función de los ingresos, también ha abierto un debate más amplio sobre el rol del Estado en la protección de derechos fundamentales como la salud.
Cabe destacar que la salud es reconocida como un derecho humano esencial y de primer orden tanto en la Constitución Nacional de Argentina como en los tratados internacionales sobre derechos humanos. Por lo tanto, la medida plantea interrogantes sobre si este nuevo sistema respeta el principio de universalidad y accesibilidad de la atención médica para todos los ciudadanos, sin importar su nivel económico. En un país donde la salud pública ha sido históricamente un pilar del bienestar social, la implementación de esta ley pone en cuestión la sostenibilidad y la equidad del sistema sanitario en el futuro.
