La Superintendencia de Servicios Públicos de Jujuy ha dejado en evidencia sus verdaderos objetivos como organismo fiscalizador y de control al mostrar su favoritismo hacia la empresa EJESA, a quien solicitó aumentar las tarifas de luz para los usuarios jujeños, en detrimento de su deber de proteger los intereses de los usuarios. Estos aumentos han sido significativos, superando en la mayoría de los casos el 200% y el 300%. Esto plantea una situación preocupante, ya que el salario del Presidente de la SU.SE.PU, Carlos Oehler, sus vocales y demás funcionarios, es financiado por los ciudadanos jujeños, mientras que sus acciones parecen perjudicar directamente a estos mismos ciudadanos, quienes podrían enfrentar cortes de energía debido a la imposibilidad de pagar las tarifas elevadas.
Si bien la Superintendencia de Servicios Públicos y Otras Concesiones tiene como función principal regular, controlar y fiscalizar los servicios públicos relacionados con la energía eléctrica, el agua potable, el tratamiento de desagües cloacales y otros servicios, en Jujuy parece que esta función no se cumple de manera adecuada.
Ante esta situación, surge la interrogante de por qué mantener un organismo que no trabaja en favor de los ciudadanos. ¿Cuál es el propósito de pagar los sueldos de funcionarios que actúan en contra de los intereses de los usuarios? ¿Para qué tener un organismo de control que respalda a empresas como EJESA, que están incrementando excesivamente los precios de la energía eléctrica en la provincia?
Estas preguntas reflejan la creciente preocupación de la población jujeña respecto a la transparencia, la equidad y la efectividad de las instituciones encargadas de velar por los servicios públicos y el bienestar de la comunidad.
Por ahora, distintos organismos de defensa al consumidor como Proconsumer, de la Dra. Claudia González, OCUJ, de la Dra. Patricia Tabera, CODELCO, de la Dra. Alicia Chalabe, que son del sector privado, están defendiendo más al ciudadano que otras del estado provincial.
En tanto, organizaciones sociales y otros, están reaccionando desde lo legal para evitar más atropello de empresas privadas y del mismo aparato estatal jujeño.
