Añadió que la denuncia es en contra de Miguel Ángel Gómez, secretario de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca; María José Castillo, en su carácter de Directora de Arraigo Rural y Tierras Agropecuarias de la Secretaría De Agricultura Familiar, Campesina e Indígena del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación; y en contra de Cecilia Iriarte, intendenta del “Parque Nacional Calilegua” de la Administración de Parques Nacionales; que no tiene jurisdicción, porque esta zona está alejada de ese parque y sectores como Tierra Fértil y la Agrupación Evita.
Luego indicó que “entregaron constancia de posesión tradicional, argumentando informes antropológicos, lo que es una construcción falsa”. “En algunos casos se les entregó los títulos a campesinos que habían iniciado juicio de prescripción adquisitiva y los cuales perdieron en la justicia, por lo que los privados tienen ejercicio de posesión de las tierras y el estado también los tienen”, afirmó.
Recordó que esta modalidad también se observó en zonas del sur del país, “con la idea de ir en contra del principio constitucional y del código de la propiedad privada”.
Por su parte, Miranda apuntó que “se trata de un hecho grave e irregular, concretado por funcionarios nacionales, porque este certificado de reconocimiento de posesión tradicional, afectará directamente a los procesos judiciales que se desarrollan en la órbita Penal y Civil, que en muchos de los casos ya tiene sentencia”.
“Al no hacerse un relevamiento, esta situación incentivará a la usurpación de otros espacios, lo que agravaría esta situación. Como Estado, estamos velando por la propiedad del Estado y la privada”, recalcó finalmente.
