Ricardo “padre Cocó” Quiroga fue condenado a la pena de 15 años de prisión tras ser hallado penalmente responsable del delito de abuso sexual con acceso carnal doblemente calificado, cometido por más de dos personas y siendo miembro de un culto. La gravedad de los crímenes y su impacto en las víctimas condujeron a esta sentencia severa. Quiroga deberá cumplir la pena en una cárcel común, ya que el tribunal rechazó su solicitud de prisión domiciliaria, argumentando la peligrosidad del condenado y la necesidad de asegurar la protección de la sociedad y la justicia para las víctimas.
Por otro lado, Cielo Regazzoni fue condenada a la pena de 10 años de prisión por ser hallada partícipe necesaria en los hechos delictivos. Su participación en los abusos, aunque no principal, fue considerada crucial para la comisión de los mismos. Regazzoni, quien se encontraba en libertad durante el proceso judicial, deberá cumplir su condena en el penal de Alto Comedero. La sentencia subraya la importancia de juzgar a todos los implicados en delitos graves, asegurando que quienes facilitan o colaboran en estos crímenes también enfrenten las consecuencias legales correspondientes.
En contraste, Torres Barroso fue absuelto en esta causa por el beneficio de la duda. El tribunal consideró que no había pruebas suficientes para demostrar su participación en los abusos más allá de toda duda razonable. La absolución de Barroso refleja el principio fundamental del derecho penal de que la culpabilidad debe ser probada de manera concluyente para que se imponga una condena. Este fallo pone de manifiesto las dificultades y los retos inherentes a la recopilación de pruebas y testimonios en casos de delitos complejos y sensibles como el abuso sexual.
Este caso ha resonado profundamente en la comunidad, generando debates sobre la confianza en las instituciones religiosas y la justicia. Las condenas de Quiroga y Regazzoni representan un paso importante en la lucha contra la impunidad en delitos sexuales, especialmente aquellos que ocurren en contextos de abuso de poder y confianza. La absolución de Barroso, por otro lado, resalta la necesidad de procesos judiciales justos y basados en pruebas irrefutables. El caso continuará siendo un referente en la discusión sobre la protección de las víctimas y la rendición de cuentas de los perpetradores.
