Un informe reservado, que aún no llegó al ministerio de Desarrollo Social, revela que 253.184 beneficiarios del programa Potenciar Trabajo no deberían recibir el cobro mensual de $27.275 -a valor noviembre- por las cuatro horas de labor que se supone realizan. Las incompatibilidades detectadas son: la compra de dólares con fines de ahorro en los últimos 6 meses y la presentación de declaraciones juradas de Bienes Personales.
El decreto número 728, firmado el jueves pasado por el presidente Alberto Fernández, prohíbe el ingreso de nuevos titulares a ese plan social y que los que son dados de baja sean reemplazados. Esos fondos, realza la normativa, será destinados a la adquisición de máquinas y herramientas para nuevos emprendimientos sociales.
El informe fue pedido el 30 de junio pasado por el entonces ministro del área Juan Zabaleta. Según fuentes del ministerio de Desarrollo Social, el entrecruzamiento de información aún no llegó al despacho de Victoria Tolosa Paz, pero que si esto sucede y la funcionaria convalida la información, la decisión es dar de bajas a los que estén por fuera de las normas, ya sea por la compra de dólares, por la adquisición de un auto o por que perciben más de un plan social por valores superiores al salaria mínimo vital y móvil.
El pedido de informes al Ministerio de Desarrollo Social se respondió el día 24 de octubre, pero la nueva gestión está aún esperando dar con los datos.
En una conferencia de prensa, la ministra de Desarrollo Social de la Nación anunció que suspenderá “inmediatamente” los planes sociales otorgados en el marco del Potenciar Trabajo (PT) que hayan sido utilizados para la compra de dólares.
“Estamos entrecruzando la última base de datos del PT; todo aquel plan social que haya sido utilizado para la compra de dólares va a ser suspendido inmediatamente”, aseguró la ministra ante los medios.
“Estamos trabajando para que la próxima liquidación, que será el 20 de noviembre, pueda tener entrecruzamiento y validación de incompatibilidades”, explicó la funcionaria y anticipó que “empieza un proceso de mucha transparencia a la hora de tener certezas sobre a quienes le estamos transfiriendo los recursos públicos”.
