Este jueves 31 de julio, los abogados Héctor Moisés y Rosa Bertoni brindaron una conferencia de prensa con el objetivo de informar a la comunidad acerca de las actuaciones sobre la causa de usurpación de tierras privadas en el autodenominado Barrio Obrero (al lado de finca Campo Verde), ubicadas en el barrio Bajo La Viña de la capital jujeña, donde actualmente viven más de 4.000 familias que ocuparon ilegalmente 142 hectáreas pertenecientes a la familia Issa.
La conferencia fue directamente al tema central, dónde se responsabilizó al estado provincial en el gobierno de Eduardo Fellner, dónde en la crisis habitacional, algunos aprovecharon para adueñarse de tierras con dueños, y pese al fallo de la justicia, señalan los abogados, que hasta el Ministro de Gobierno de aquel momento, Alberto Matuk, no hizo caso al fallo de la justicia, lo que dejó desamparado a una familia que sigue siendo legalmente dueña de sus hectáreas.
En un parte de prensa, indicaron que la toma de tierras se inició en el año 1997 con un grupo pequeño de personas que, con el paso de los años se fue incrementando considerablemente. Estas usurpaciones representaron un daño no solamente económico para la familia Issa, que a lo largo de estos 28 años se vio imposibilitada de disponer de las tierras de su propiedad; sino que también representa un daño ambiental para la comunidad jujeña ya que estas familias arrasaron con vastas áreas verdes deforestando el lugar para poder instalarse.
La familia Issa ha iniciado juicio ordinario por indemnización de daños y perjuicios contra el Estado Provincial (Expte. C-172.562/2021), a través del cual se reclama una indemnización integral por daños y perjuicios materiales y morales. La Justicia falló a favor de la familia Issa en el año 2015, pero el entonces Ministro de Gobierno y Justicia, Alberto Matuk, desoyó el fallo judicial de proceder con un desalojo. Luego de eso, se incrementó la cantidad de personas que ocuparon el lugar, instigados por dirigentes sindicales y políticos.
En la conferencia, remarcaron que no buscan desalojos, sino que se les pague por las tierras tomadas. Indicaron que en la actualidad se cree que es imposible realizar un desalojo de las familias instaladas allí, además de que el daño urbanístico y ambiental es irrecuperable. Lo que busca la familia afectada no es el desalojo de los ocupantes, sino un resarcimiento por parte del Estado provincial que en numerosas ocasiones hizo oídos sordos a este pedido.
Los abogados Moisés y Bertoni, representantes de la familia Issa, bridaron detalles de este proceso.
