El líder de la Coalición Cívica ARI, Lic. José María Albizo Cazón, arremetió contra el titular de la ODIJ, Emilio Cayo, tras los hechos acontecidos en el Boliche Zaigua, y recordó que lo ha denunciado penalmente por 143 millones de pesos, en marco de la presunción de la comisión de ilícitos de fraude a la administración pública y participación criminal.
El domingo 30 de abril se realizó una matinee en el local bailable Zaigua, dónde la mayoría de los asistentes eran adolescentes, hubo una sobre venta de entradas, número que superó ampliamente la capacidad del local. Esto originó que los concurrentes que no pudieron ingresar exigieran la devolución y solo encontraron una inentendible reacción de los custodios del lugar que lejos de contener y solucionar el reclamo tiraron gas pimienta generando un caos en el interior y exterior del boliche. Una vez más pareciera que la impunidad del propietario, Emilio Cayo pone en jaque la seguridad de nuestros jóvenes, que lo único que buscaban era divertirse.
Es justo en este punto, dónde la sociedad tiene que saber diferenciar entre el oportunismo y el trabajo serio del resto del empresariado de la noche jujeña.
Recordemos que Albizo Cazón, supo ser la única figura crítica contra el ex Legislador, a quien acusó en reiteradas oportunidades por la presunta comisión de distintos delitos, entre los cuales se halló un millonario desfalco en obra pública que refirió a la no construcción o construcción irregular por parte de la Organización de Desocupados Independientes de Jujuy (ODIJ) de 700 viviendas sociales ubicadas en San Salvador de Jujuy, El Carmen y Monterrico. Ésta, es la segunda causa más importante que cursa en fuero penal luego de la MEGACAUSA que investigó, en ese caso, a la Organización Barrial Tupac Amaru.
“Si se detectasen excesos y/o abusos por parte de la Policía de Jujuy, por supuesto que deberán cursarse las actuaciones competentes, pero sin embargo, el responsable primero es Emilio Cayo, quien ahora en su insensatez e impunidad puso en riesgo la vida de centenares de jóvenes”, expuso el exponente de la CC-ARI.
“Sería un acto de justicia, en nombre de los docentes del Colegio ‘Nuevo Horizonte’ en sus niveles inicial, medio y superior, de los capacitadores que eran amenazados con marchar a cambio de que no se les quite el beneficio, de quienes se quedaron esperando su vivienda sin jamás haber podido recibirla, y de los centenares de jóvenes a hoy damnificados tras lo sucedido en Zaigua, que se comprenda con claridad meridiana, que lo único que merece, es la cárcel; y aunque me cueste la vida jamás voy a dejar de exigirla”, sentenció el líder de la Coalición Cívica ARI
