La situación en Jujuy contrasta notablemente con la de la vecina provincia de Salta, donde se logró frenar los aumentos tarifarios. Ante esta comparación, el presidente de la Su.Se.Pu. se desligó del asunto con un discurso que insinuó que la situación en Jujuy es diferente y que las decisiones tomadas en Salta no son aplicables aquí. Esta respuesta generó más inquietud entre los jujeños, quienes se sienten desprotegidos y abandonados por un organismo que debería ser su defensor ante los abusos de las empresas prestadoras de servicios.
Además de los aumentos en las tarifas, otro punto de controversia es la tasa del 1.5% que se le cobra a los contribuyentes jujeños para el mantenimiento de la Su.Se.Pu. Esta tasa ha sido cuestionada debido a la falta de transparencia en su recaudación y uso. Cuando se le preguntó al presidente del organismo sobre el monto exacto de la recaudación, evitó responder, lo que generó aún más desconfianza entre la ciudadanía.
Este contexto de aumentos desmedidos y falta de respuestas claras ha llevado a que muchos ciudadanos presenten acciones legales, como amparos genéricos, para intentar frenar las subas y exigir mayor transparencia y justicia en la gestión de los servicios públicos. La Su.Se.Pu. se encuentra en una encrucijada: debe decidir si continúa alineándose con intereses políticos y empresariales o si asume su verdadero rol de protector de los derechos de los usuarios jujeños.
