Estos aumentos corresponden a una ordenanza del Concejo Deliberante, donde se había declarado la emergencia en el transporte en la capital de Jujuy. En ese marco, tras una actualización en marzo, el mismo organismo suspendió esta fórmula polinómica por dos meses, pero ahora en junio se había anticipado que volvería a regir.
La suba será del 11,9% y dentro de la ciudad, el boleto que costaba 670 pesos, pasará a valer 750 pesos.
El contexto de esta medida está relacionado con las dificultades económicas que atraviesan tanto el sistema de transporte público como la economía en general. El aumento de costos operativos, la inflación y la necesidad de garantizar la continuidad del servicio han sido factores determinantes para justificar este incremento. Los representantes del Concejo Deliberante destacaron que la decisión fue tomada después de múltiples debates y análisis sobre el impacto que tendría en la población. Sin embargo, no todos están de acuerdo con esta medida.
Varios sectores de la sociedad, incluidos usuarios habituales del transporte urbano y grupos de defensa de los derechos de los consumidores, han expresado su descontento con el nuevo precio del boleto. Argumentan que este aumento agrava la situación de las familias que ya enfrentan un contexto de alta inflación y dificultades económicas. Además, han planteado preocupaciones sobre la calidad del servicio y la necesidad de mejoras que justifiquen el incremento del costo.
A pesar de estas críticas, las autoridades municipales han reiterado que la actualización del precio del boleto es necesaria para mantener el funcionamiento del sistema de transporte público. Han señalado que, sin este ajuste, sería inviable sostener la operación de las líneas de colectivos, lo que afectaría gravemente la movilidad de la ciudad. Asimismo, se comprometieron a seguir buscando soluciones y estrategias que puedan mitigar el impacto económico en los usuarios y garantizar un servicio de calidad.
En conclusión, el aumento del boleto en San Salvador de Jujuy refleja una medida inevitable dentro de un contexto económico complejo y desafiante, buscando equilibrar la sostenibilidad del servicio con el bienestar de los ciudadanos.
