Luego de las declaracione del Secretario de Gestión del Ministerio de Educación de Jujuy, los docentes y alumnos salieron a responderte en un comunicado que a continuación dejamos de manera textual:
Pese a todas las declaraciones en los medios por parte
del Secretario de Gestión Educativa Federico Medrano, los docentes de diferentes lenguas que conformamos la Escuela de Idiomas de la Provincia de Jujuy recalcamos los siguientes puntos:
– La misión de la Escuela de Idiomas siempre fue dar accesibilidad a todos los idiomas. Por eso tuvo hincapié en la gratuidad de la educación de carácter intercultural, basado en el enfoque comunicativo en cada una de las lenguas impartidas a lo largo de estos años.
– Siempre se puede realizar ajustes necesarios en el transcurso de la marcha, sin necesidad de cortar el proceso de aprendizaje por parte del alumnado.
– Exigimos respuestas al Ministerio de Educación que nos avaló y respaldó durante estos cinco años. Previo a su apertura, esta institución y su proyecto pasaron y fue construido por todas las secretarias y sectores del Ministerio de Educación.
– El contexto de incertidumbre presente en estos momentos preocupa el futuro de los docentes, Personal de Servicios Generales (P.S.G.) y alumnos. Sumado a ello, preocupa al alumnado que estudiar idiomas en nuestras escuelas sea el único medio viable para los mismos producto de la crisis económica actual.
– Se habla de certificación Provincial y hasta Nacional, pero se aclara que la Escuela de Idiomas es Sede Examinadora de Exámenes internacionales prestigiosos a nivel mundial. Convalidando el nivel de lengua que tiene, midiéndose con profesores netamente nativos.
– Acompañando al reclamo de docentes y alumnos, se suman más de dieciocho mil (18.000) firmas a través de Change.org, que consideran nuestro servicio de un nivel óptimo y respaldan el trabajo realizado por la Escuela de Idiomas en cinco años.
Según el Artículo 2° de la Ley de Educación Nacional N° 26.206/06: “La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social, garantizados por el Estado”.
En los tiempos que corren, en sus manos está la decisión de que la población siga gozando de este derecho o cortarlo unilateralmente.
