Nicolás Fernández, titular de la Asociación de Profesionales Universitarios de la Administración Pública (APUAP), expresó su preocupación respecto a la ley de emergencia implementada por el gobierno de Jujuy. Según Fernández, esta ley reconoce diversas emergencias en diferentes ámbitos, como la salarial, la de salud, la económica y la social. Sin embargo, señaló que el enfoque principal del gobierno parece estar en seguir ajustando los salarios de los trabajadores estatales, lo cual consideró una medida insostenible y perjudicial para el sector.
El representante gremial destacó que esta política de ajuste salarial que no es nueva en la provincia, mencionando que el exgobernador Gerardo Morales ya había implementado medidas similares durante sus 8 años de gestión, y que ahora el actual gobernador Carlos Sadir continúa con esta línea. Fernández subrayó la necesidad de que el ajuste recaiga en otros sectores, especialmente en las empresas mineras y grandes empresas ubicadas en Jujuy, que en su opinión, tienen la capacidad económica para absorber estos costos sin afectar de manera significativa a los trabajadores estatales.
La crítica de Fernández apunta a la distribución desigual de los efectos de la crisis económica y la emergencia declarada, enfatizando la necesidad de una política más equitativa y justa que proteja los derechos laborales y el bienestar de todos los trabajadores, tanto del sector público como del sector privado. En este sentido, abogó por un enfoque que considere la capacidad económica de diferentes actores en la provincia para enfrentar los desafíos económicos sin sacrificar los ingresos y las condiciones de vida de los trabajadores estatales.
En tanto, estas declaraciones se dieron en las puertas de la legislatura jujeña, dónde junto a otros gremios, llamados la INTERGREMIAL, buscan ser parte del debate y plenario que están llevando a cabo los legisladores jujeños ante el proyecto de ley de emergencia enviado por el Poder Ejecutivo de la provincia de Jujuy.
