En un artículo publicado por Iprofesional.com, con el argumento de que “el salario no es ganancia“, los diputados del Frente de Izquierda y de los Trabajadores-Unidad (FIT), volvieron a presentar un proyecto de ley que propone eliminar el impuesto a las ganancias de los sueldos y jubilaciones. La iniciativa la presentó la legisladora nacional Romina Del Plá, quien recordó que ya en 2016 se presentó esta propuesta, pero fue “sistemáticamente cajoneada por parte de los bloques mayoritarios”.
El proyecto de ley que se presentó nuevamente en el Congreso Nacional consta de 11 artículos y lo que propone es que se excluya el salario “del impuesto a las ganancias o ingresos personales. Esta exclusión comprende la retribución que, por cualquier concepto, perciba un trabajador en relación de dependencia bajo convenio, tanto estatal como privado…”, reza la iniciativa en su artículo 1.
Pero además, también alcanza a las jubilaciones, a excepción de quienes reciben jubilaciones de privilegio. “Queda excluida la jubilación del impuesto a las ganancias o ingresos personales con excepción de aquellas funciones que hayan estado eximidas del pago del tributo durante su vida laboral, como los jueces y el personal diplomático”, añade el proyecto.
Romina Del Plá, diputada nacional e impulsora de la iniciativa, admitió a iProfesional que si bien el proyecto de ley no cuenta con el apoyo de ningún otro bloque en Diputados, es “oportuno y necesario”, y que apunta fundamentalmente al bienestar de las y los trabajadores.
“Aquí hay un principio rector, y es que el salario no es una ganancia. El salario tiene un carácter alimentario, y es la retribución por la venta de la fuerza de trabajo, y por lo tanto, no tiene nada que ver con una ganancia, entonces nosotros debemos entender que debe ser eliminado de conjunto este impuesto al salario, justamente sobre la cuarta categoría”, explicó la legisladora.
Del mismo modo, consideró que el impuesto a las ganancias “es un impuesto que tiene que gravar a los empresarios, los bancos, la especulación financiera, y también a los altos cargos gerenciales, pero no a los trabajadores y trabajadoras”.
