En la salida del Contencioso Administrativo, el Procurador de Fiscalía de Estado, Sebastián Albesa, fue interpelado por la periodista Berta Gerónimo y mientras ella buscaba conocer la respuesta ante el avance de este organismo del gobierno que va a favor de la suba excesiva de la luz, sólo pudo decir que no podía hablar y lo respeten.
Sin embargo, la subida de las tarifas de electricidad en Jujuy ha generado un malestar significativo entre los residentes, llegando en algunos casos hasta un aumento del 300%. Esta decisión fue tomada por la misma provincia de Jujuy a través de su organismo de control, la Superintendencia de Servicios Públicos de Jujuy (SU.SE.PU), lo que ha provocado críticas hacia esta entidad y hacia la empresa privada encargada de proveer la energía eléctrica, EJESA y contra el Gobierno de Jujuy.
Los vecinos de Jujuy expresaron su enojo tanto hacia EJESA como hacia la SU.SE.PU, alegando que esta última pareciera estar más del lado de la empresa que de los usuarios a quienes debería defender. Se ha señalado que la SU.SE.PU financia el pago de su personal con fondos provenientes de la boleta de energía que pagan los jujeños, lo que ha llevado a cuestionar si realmente están representando los intereses de los ciudadanos.
El caso tomó un giro legal cuando el juez Sebastián Damiano falló a favor de un amparo genérico contra el aumento tarifario de la luz. Sin embargo, el procurador general de la Fiscalía de Estado, Sebastián Albesa, apeló esta decisión, dejando a los usuarios en una situación vulnerable ante posibles cortes de servicio en caso de no poder pagar las tarifas elevadas. Esto ha llevado a reflexionar sobre el papel del gobierno de Jujuy, que en teoría debería velar por el bienestar de sus ciudadanos pero que, al parecer, está contribuyendo a su empobrecimiento.
En este contexto, surge la pregunta sobre los intereses que tiene el Estado en defender la rentabilidad de una empresa concesionaria privada a costa del sufrimiento de los terceros, es decir, de los usuarios. También se cuestiona por qué se recurrió a un per saltum para que el tema fuera tratado directamente en la Corte Suprema de Justicia local, en lugar de permitir que los mecanismos judiciales y los tribunales intermedios desarrollen sus funciones de manera habitual. Estas acciones han generado un debate sobre la transparencia y la equidad en las decisiones que afectan directamente a la población.
